Organizaciones ambientales de todo el país repudiaron la presión ejercida sobre la Justicia por la Mesa de Enlace de Entre Ríos que “defiende corporativamente” a los imputados en el primer juicio por la fumigación de una escuela rural.
En el primer día de audiencias en el marco del histórico juicio oral y público que se lleva adelante en los tribunales de Concepción del Uruguay contra el dueño de un campo fumigado ( José Mario Honecker), el propietario de la empresa fumigadora (Erminio Bernardo Rodríguez de Aerolitoral S.A), y el piloto que volaba la aeronave fumigadora (Cesar Martin Ramón Visconti) por los delitos de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa” de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 24.051 (de Residuos peligrosos) y el 89 del Código Penal, las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace de Entre Ríos (Federación Agraria Argentina -FAA-, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER-, Sociedad Rural y la Federación de Cooperativas -FEDECO-) se reunieron este lunes en Paraná con motivo del comienzo del juicio y emitieron un comunicado con un claro mensaje a la justicia provincial) lanzaron un mensaje presionando a la justicia, ante la posibilidad de una sentencia que siente el primer precedente contra el agronegocio en la provincia.
Tras el comunicado de los ruralistas, el equipo de la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que respalda la denuncia de la maestra rural Mariela Leiva afectada –junto a sus alumnos- el día de la fumigación a metros del establecimiento escolar en pleno horario de clases, repudió la presión y advirtió que “es preocupante el comunicado de la Mesa de Enlace provincial mediante el cual envían un mensaje al Poder Judicial que deja entrever la presión de los empresarios del sector frente a la causa” judicial.
Horas después, el repudio al lobby sojero entrerriano se hizo escuchar en todo el país. Numerosas organizaciones de diversos lugares de la Argentina expresaron un repudio colectivo a las expresiones de las entidades agropecuarias de la provincia “que desconociendo el derecho a la salud, a la educación y a un ambiente sano de las personas afectadas, han optado por defender corporativamente” a los fumigadores imputados.
Mediante un comunicado titulado “Fumigar es delito”, celebraron “la realización de este primer juicio sobre escuelas fumigadas que se inicia en Entre Ríos y que abre una oportunidad histórica para develar las prácticas contaminantes sobre nuestros niños y niñas, tal como lo expresó recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El comunicado
“FUMIGAR ES DELITO
Las organizaciones abajo firmantes repudiamos las expresiones de las entidades rurales integrantes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos (Federación Agraria Argentina -FAA-, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER-, Sociedad Rural y la Federación de Cooperativas -FEDECO-) con motivo del comienzo del juicio oral y público debido a la fumigación con agroquímicos realizada con la presencia de niños, niñas y su docente a la Escuela Rural N°44, Colonia de Santa Anita, Entre Ríos.
Estas entidades han expresado su “preocupación” por el proceso judicial que se está desarrollando esta semana en Concepción del Uruguay y han puesto en duda tanto la investigación preparatoria de la Fiscalía como los daños a la salud de niños, niñas y docente que asisten al establecimiento educativo al solicitar “que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”.
Las entidades defienden corporativamente al imputado “de acuerdo a lo informado por el productor, se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica”, relativizando el relato de la docente quien denunció que no se recibió ninguna notificación de que se iba a fumigar, ni hubo receta agronómica. “La Policía dijo que no hubo presentaciones ni permisos y la Municipalidad aseguró que no hubo aviso previo de esa fumigación” detalló la maestra fumigada.
A pesar de todos los testimonios relevados por la Fiscalía, aportados por los profesionales del hospital donde asistieron los alumnos y la maestra intoxicada, un perito agrónomo y un investigador del Conicet que mediante estudios ambientales demostró que “la escuela está expuesta a la contaminación”. Y desconociendo el derecho a la salud, a la educación y a un ambiente sano de las personas afectadas, los integrantes de la Mesa de Enlace han optado por defender a la empresa que realizó la fumigación quien “se encontraba totalmente en regla, cumpliendo con las normas vigentes” según las cámaras que han soslayado mencionar siquiera las consecuencias sobre las personas afectadas. En el último doloroso episodio de una historia de impunidad murió una niña de 12 años al ingerir una mandarina rociada con carbofurán, un tóxico permitido para esa fruta.
Este modelo agroindustrial de cultivos transgénicos que se desarrolla en el país hace más de 20 años, implica el uso masivo de agrotóxicos que se estima en más de 350 millones de litros al año, y que trae consecuencias irreversibles sobre la vida y el territorio. Acompañamos y celebramos la realización de este primer juicio sobre escuelas fumigadas que se inicia en Entre Ríos y que abre una oportunidad histórica para develar las prácticas contaminantes sobre nuestros niños y niñas, tal como lo expresó recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en referencia al caso emblemático de las Madres de Ituzaingó Anexo, en Córdoba, ya que fumigar con agrotóxicos en una zona protegida es un delito penal”.
Fuente: Noticia 1
