(Por Sebastián Premici) El trabajador rural Nancuante Sinforoso denunció las paupérrimas condiciones de vida sufridas en el campo de la empresa Ganadera Suárez Ladouch Limitada, que pertenece a la familia Costa.
El Diputado de la Nación Eduardo Costa, representante de la Alianza Cambiemos en Santa Cruz, posee el 5 por ciento de las acciones de la empresa Ganadera Suárez Ladouch Limitada, integrada por la Estancia Las Horquetas. La sociedad pertenece en su mayoría accionaria a Martha Suárez, la madre del legislador macrista.
Según la Declaración Jurada de 2015, la sociedad le reportó al diputado macrista ingresos (declarados) por 747.806 pesos. Ergo, ese año la empresa ganadera de la familia Costa debió arrojar ingresos totales por casi 15 millones de pesos, nada despreciables para una actividad que se dice en crisis, según la apreciación del titular de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Miguel O`Byrne (ver más).
Las ganancias de los empresarios agropecuarios, muchas veces, son diametralmente opuestas a las condiciones laborales a las que someten a sus trabajadores. Esta afirmación, lejos de ser un prejuicio, se sustenta en los altísimos niveles de informalidad laboral en el sector y las paupérrimas condiciones de vida de los peones permanentes que deben vivir en los establecimientos rurales.
Según la Encuesta sobre Empleo, Protección Social y Condiciones de Trabajo de los Asalariados Agrarios (2014), el 56 por ciento de los peones permanentes está en la informalidad, mientras que en el universo de los trabajadores transitorios, la informalidad asciende al 83 por ciento. Por su parte, fueron registradas deficiencias en las condiciones materiales de vida en los hogares de los peones, que van del 30 al 55 por ciento del total de hogares, según la clasificación de cada trabajador (permanente, transitorio, permanente discontinuo, etc).
Nancuante Sinforoso nació en 1942 y a los 56 años ingresó a trabajar como “puestero” en la Estancia Las Horquetas, propiedad del Grupo Económico Costa. Al cabo de diez años de servicios, fue echado de un día para el otro, el 10 de diciembre de 2008. La situación se judicializó y el 28 de agosto de 2012, es decir cuatro años después, el juez Carlos Enrique Arenillas desestimó los puntos más complejos de la demanda: las paupérrimas condiciones laborales y de vivienda, el no pago de las vacaciones correspondientes por los períodos 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 y la solicitud de una indemnización por daño moral. El juez solamente convalidó el pago de una indemnización por despido pero en los argumentos de su sentencia puede apreciarse cierta connivencia (y falta de investigación) con la situación de explotación denunciada por Nancuante.
Según la declaración de este peón, realizó su trabajo por diez años “a pesar de la situación penosa de labor, dado que la vivienda del puesto es un rancho precario, que no cuenta con agua potable ni tampoco posee piso”.
Este periodista ha escuchado este tipo de relatos en distintas partes de la Argentina, algunos narrados en el libro De Patrones y Peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri. El libro, editado el año pasado, analizó los casos de explotación laboral protagonizados por Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, Ramón Puerta, actual embajador en España, y Gerónimo “Momo” Venegas, titular de la Uatre y uno de los garantes de la explotación laboral en el sector rural.
El lector de este artículo podrá encontrar, rápidamente, una matriz común de explotación entre los casos investigados en el libro con la situación vivida por Nancuante en el campo de la familia Costa.
“Dormía sobre una pila de cueros, la vivienda carecía de baño teniendo instalado una letrina a varios metros de la misma a la intemperie, sin siquiera cumplir con las condiciones mínimas de seguridad, higiene y abrigo”, manifestó el denunciante.
En 2008 todavía no estaba vigente la ley 26.727 (nuevo estatuto del peón rural), sin embargo el artículo 93 de la ley 22.248 sostenía que las viviendas de los peones rurales debían contar con “condiciones de seguridad, higiene, abrigo y luz natural; ambientes de tamaño adecuado y de acuerdo a la composición del núcleo familiar, con separación de ellos para los hijos de distintos sexos mayores de doce (12) años; Cocina-comedor; Baños individuales o colectivos dotados de los elementos para atender las necesidades del personal y su familia; separación completa de los lugares de crianza, guarda o acceso de animales y de aquellos en que se almacenaren productos de cualquier especie.
¿Podrá imaginarse el diputado Costa, o su madre, Martha Suárez, lo que es dormir en invierno sobre el piso, en una noche helada?
Por entonces, Nancuante cobraba 2025 pesos mensuales. Según el salario de convenio para un peón general, estipulado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, en 2008 el salario mínimo para un puestero era de 1550 pesos. Por zona desfavorable le correspondía un incremento del 20 por ciento (330 pesos más) y otros 155 pesos en concepto de antigüedad. La suma de todos los ítems coincide con el sueldo del denunciante. Sin embargo, la resolución 43/2008 también estipulaba 205 pesos extras para alimentos. El salario mínimo es un piso y no un techo.
Esta suma no era cobrada por Nancuante, es decir que su salario estaba 10 por ciento por debajo del salario mínimo establecido por la CNTA. “El capataz realizaba una recorrida por el puesto esporádicamente cada uno o dos meses, para corroborar si requería algún alimento o medicación”, indicó el denunciante. Esto es lo mismo que decir que su aislamiento era total por períodos de 30 a 60 días. Por entonces, la empresa ganadera representaba ingresos totales superiores a los 10 millones de pesos.
Estos condicionantes no fueron tenidos en cuenta con Arenillas. De su sentencia se desprende que la tan sola palabra de los abogados de Suárez bastó para volcar la balanza de la (in)justicia hacia el grupo empresario.
“Nunca proveyó elementos de trabajo, seguridad o protectores personales”, agregó Nancuante. Según su declaración, él tuvo que poner de su bolsillo montura, apero, recado, lazos, guantes, botas, antiparras para la nieve, etc, durante diez años.
El día que fue echado del rancho que habitaba fue trasladado hasta el Juzgado de Paz de La Esperanza y obligado a firmar ciertos documentos. Nunca supo qué fue lo que firmó. Y ante la situación hostil de estar frente a un juez y en presencia de la policía, accedió a poner su nombre y apellido.
A esta altura del relato es imposible no encontrar una similitud con la metodología de explotación realizada por el Grupo Económico Etchevehere, el cual también obligó a firmar ciertos documentos a dos hermanos explotados durante 38 años.
Sobre la actitud cómplice del juez Arenillas voy a resaltar un solo aspecto. Cuando le tocó analizar la situación de vulnerabilidad en las condiciones laborales, el magistrado sostuvo que “corresponde recordar que no opera la inversión de la carga de la prueba, ni la presunción iuris tantim a favor de las afirmaciones del trabajador, sino que rigen las normas procesales que imponen la carga de la prueba de tales hechos a quien los afirma”.
¿Qué quiere decir esto? Que ante la denuncia concreta de Nancuante, el magistrado decidió creer la versión de la otra parte, es decir los abogados de la empresa Ganadera Suárez Ladouch Limitada, en donde Costa participa con el 5 por ciento de las acciones. Para el momento de la sentencia, el Congreso de la Nación ya había modificado el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo que estipulaba que si existiera duda en la “apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”. No fue la actitud que tomó Arenillas.
Dicho todo esto, una pregunta a modo de reflexión: la participación del Momo Venegas dentro de la Alianza Cambiemos, ¿será para instruir a sus participantes en el miserable camino de la explotación de trabajadores?
(*) Fuente: Sebastian Premici.com
