Política

La agenda de la política nacional y provincial

Vicentendenta radical quiere que Bordet controle la “huella de ozono”

La viceintendenta de Villa Libertador General San Martín, Susana Cayrus, formuló un enfático reclamo al Estado entrerriano para el desarrollo de medidas concretas que actúen en defensa del Medio Ambiente.

Cayrus, enrolada en las filas del radicalismo, consideró que el tema del Ambiente es otra materia pendiente y que en un momento “en el que las malas gestiones en salud y economía nos mantienen en un permanente estado de incertidumbre, hablar de medioambiente parece no tener tanta importancia. ¿Pero sabemos hasta dónde la economía y nuestra salud y por ende la de nuestros hijos está siendo afectada por el entorno en el que vivimos?”, interrogó

Detalló luego: “La llamada ‘huella de carbono’ es un indicador ambiental que puede reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por todas las actividades que realizamos. Ese impacto ambiental es medido y tipificado como si se tratara de hacer un análisis del ciclo de vida, siguiendo normativas internacionales reconocidas (ISO 2007, ISO 14069, entre otras). Una vez conocida esa medida, es posible implementar una estrategia de reducción o compensación. Y aquí es cuando el Estado debe tomar el guante de la responsabilidad e implementar políticas regulatorias asequibles y realizables, porque no es un tema que impacte en unos pocos, sino que todos estamos inmersos en la problemática de un ambiente cada vez más contaminado, descuidado y menos saludable”, sostuvo Cayrus.

Y agregó: “Las emisiones de gases a las que hacemos referencia con la huella de carbono son aquellas emitidas directamente por maquinarias o vehículos y también por reacciones químicas propias de procesos de producción de diversa índole, ambas relativamente sencillas de medir. Pero también están incluidas las emisiones indirectas, más difíciles de contabilizar debido a su enorme cantidad y diversidad de puntos de emisión. Pero –haciendo una comparación práctica- ya sea que se trate de un gran incendio localizado o pequeños fuegos diseminados, todos deben ser solucionados con medidas justas y adecuadas”.

Cayrus cuestionó seguidamente: ¿Cómo explicar que con demasiada frecuencia quienes nos gobiernan eligen apoyar actividades destinadas 100% a producir recursos para unos pocos, en claro detrimento del bienestar medioambiental, económico y sanitario de la gran mayoría?. No se trata solamente de un tema de impacto global. Nos pasa hoy en estas colinas entrerrianas: desaparece la fauna autóctona, se siguen quemando las islas, existen los volcaderos y basurales a cielo abierto, la producción en general no se realiza dentro de un marco de políticas de cuidado ambiental… y nadie se hace debido cargo porque esperan que no tenga repercusiones en esta generación. Pero lo cierto es que el daño no se detiene, y no lo hará hasta que los Organismos de Control realicen la tarea para la cual existen: cumplir y hacer cumplir las normativas que fueron pensadas para mantener las buenas producciones y reactivar las actividades que se han deteriorado, pero esta vez en un contexto socioambiental de cuidado y preservación”.

Finalmente, reflexionó: “Es necesario que el asunto deje de ser meramente un aspecto de voluntariado y conciencia personal para transformarse en una cuestión en la que el Estado sea líder y ejemplo, acompañando y asistiendo a las PyMEs en cuestiones propias de cada actividad para minimizar el impacto negativo que pueda estar teniendo en los recursos naturales que hoy vemos como tan amplios, pero que en realidad son escasos.

Ponerles números a las cuestiones ambientales nos permitirá medir exactamente el impacto que ello tiene en la rentabilidad, y comenzar a transitar un camino de producción ecoamigable del cual podamos sentirnos orgullosos. No ‘seguir como venimos’ sino hacer más eficientes los procesos, utilizando menos recursos y generando menos desechos. Claramente esto puede traducirse como: más rentabilidad y menos contaminación, un entorno más seguro y saludable.

Así ganamos todos y no solo unos pocos, con el enorme plus de poder mirar a los jóvenes a los ojos y asegurarles de que, aún en medio de la incertidumbre, estamos buscando la manera de dejarles una Entre Ríos mejor”.

Diputados aprobó un proyecto con duras sanciones al trabajo infantil y la trata laboral

El proyecto es de autoría del diputado del Frente Creer, José Cáceres, y dispone la adhesión de la provincia al “Registro público de Empleadores con Sanciones Laborales” (REPSAL), generado en el marco de Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. Además se crean sanciones provinciales que establecen que las empresas incluidas en el registro estén impedidas de participar en licitaciones públicas y recibir asistencia del Estado. “Perón decía que gobernar es crear trabajo, pero ese trabajo tiene que ser de calidad y respetando la dignidad de las personas”, argumentó Cáceres.

En la sesión realizada este miércoles al medio día, la Cámara de Diputados de Entre Ríos, dio media sanción al proyecto que dispone el registro y la sanción de las empresas que incurran en los delitos de obstrucción a la inspección del trabajo; o tengan sentencias judiciales por relaciones laborales no reconocidas por el empleador, sanciones por infracciones a la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, y sentencias por infracción a la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Esta acción se llevará adelante mediante la adhesión de la provincia al Registro público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado en el título I de la Ley Nacional Nº 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. Además, el Estado provincial contará con sus propias herramientas para la sanción de estas situaciones en el ámbito del mercado del trabajo.

El proyecto es de autoría del diputado peronista, José Cáceres, quien explicó que el objetivo es “avanzar en medidas ejemplificadoras que aporten a la promoción del trabajo registrado, la lucha contra el trabajo infantil, la protección del trabajo adolescente y la erradicación la trata laboral o como comúnmente se le llama, trabajo esclavo. Esta última, es una práctica aberrante, pero que lamentablemente sigue sucediendo en algunos lugares de trabajo. La provincia no está exenta de esta situación y ante ello debemos aplicar el mayor rigor legal”.

Según el legislador provincial, “se propone avanzar en dos frentes, por un lado sistematizar los datos de las empresas infractoras a las leyes laborales y aportar esa información al REPSAL; por otro, que la provincia disponga de esa información ordenada y así pueda replicar esas mismas sanciones en el marco del Estado”.

La publicación de la sanción en el REPSAL implica para los empleadores sancionados, mientras permanezcan en el Registro, la imposibilidad de acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, acceder a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas, celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. Tampoco podrán participar en concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias, o acceder a los beneficios económicos de promoción de las contrataciones previstos en la Ley N° 26.940. Si el infractor reincidiera en la misma infracción permanecerá en el Registro en un lapso de tres años y será excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en el caso de los monotributistas o se impedirá que el empleador infractor deduzca en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal —empleados, dependientes u obreros—.

“Nuestra provincia tiene sus propias sanciones a las faltas mencionadas en el REPSAL, consistentes en multas, pero no está adherida al registro, por lo que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, no aporta esa información acerca de las sanciones firmes por trabajo no registrado aplicadas en el territorio. Información con la que cuenta, pero al no estar sistematizada, son los organismos y empresas del Estado entrerriano quienes deben requerir a la Secretaría dicha información cada vez que se realiza un llamado a licitación o una contratación de cualquier tipo con el sector privado. Este proyecto tiende a sistematizar la información y hacerla más accesible”, explicó Cáceres.

El Diputado agradeció el acompañamiento y el aporte de sus compañeros de bancada y el de la propia oposición en cuanto al avance y aprobación del proyecto y se mostró optimista ante el futuro tratamiento en el Senado. “Hubo muchos aportes y se trabajó con todas las fuerzas y los ambitos del Estado correspondientes”, dijo y valoró que, de obtener la sanción definitiva del proyecto, “estaremos enviando un mensaje claro y contundente a aquellos cuyas actividades económicas deriven en el delito de trata laboral o trabajo infantil y aún no hayan sido denunciados o descubiertos por los organismos estatales. De esta manera, nos aseguraremos que el Estado de la provincia de Entre Ríos no financiará, promoverá, dará apoyo alguno ni establecerá ningún tipo de contrato o transacciones con aquellos que sostengan sus ambiciones en prácticas aberrantes que atentan contra el derecho, la dignidad y la libertad de las personas”.

“Nuestro país y nuestra provincia necesitan trabajo y producción para salir adelante, pero no a cualquier costo y menos aún, avanzando sobre los derechos de los más débiles”, finalizó.

Qué es el REPSAL

El REPSAL, según se expresa en la página oficial: http://repsal.trabajo.gob.ar/, “es una herramienta de carácter público para enfrentar el empleo no registrado y promover el derecho a un trabajo digno con una remuneración justa, acceso a la seguridad social y a la representación sindical, y evitar la competencia desleal entre empresas.

En él se publican las sanciones firmes por trabajo no registrado aplicadas por el MPyT, la AFIP, autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. También las sanciones por obstrucción a la inspección del trabajo, sentencias judiciales por relaciones laborales no reconocidas por el empleador, sanciones por infracciones a la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, y las sentencias por infracción a la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

El listado se actualiza diariamente.

Se incluye a los empleadores que al día de consulta presentan sanciones firmes originadas por infracciones no regularizadas o que, si bien si fueron regularizadas, permanecen en el Registro por un período que varía entre 30 días y tres años según la infracción, el momento en que se regulariza, el pago de la multa y la fecha de publicación.

Legisladores nacionales del Frente de Todos repudiaron los ataques al gobernador Bordet

Los legisladores por Entre Ríos, Carolina Gaillard, Mayda Cresto, Blanca Osuna, Marcelo Casaretto y Edgardo Kueider expresaron su repudio a los ataques e intimidaciones sufridas este martes por el gobernador Gustavo Bordet en su vivienda familiar.

Manifestantes anti cuarentena realizaron un escrache frente a la casa del mandatario entrerriano. “Los legisladores nacionales por el Frente de Todos rechazamos cualquier manifestación violenta por resultar atentatoria de la democracia”, expresaron.

“La violencia, a través de una manifestación, intimidación o escrache nunca es la forma de construir mejores soluciones para una sociedad que está atravesada por una pandemia que requiere tomar medidas para preservar la salud y la vida de las personas en primer lugar”, enfatizaron al tiempo que se solidarizaron “con el Gobernador y su familia”

Repudio a la criminalización de activistas ambientales

Distintas organizaciones, movimientos, colectivos y militantes socio ambientales se manifestaron en solidaridad con Luis Cosita Romero, reconocido activista por el ambiente, referente histórico de la lucha contra las represas del Paraná Medio. Las entidades se expresaron al conocerse que el emprendedor ribereño junto a dos colegas fue involucrado en una causa Federal acusado de infringir las medidas para evitar la propagación de la pandemia en momento que examinaba sus enseres de navegación en el río.

En una campaña de adhesión lanzada por Fundación Eco Urbano, el Movimiento Nacional Cuidadores de la Casa Común y Baqueanos del Río, estas entidades ambientales dieron a conocer un documento donde afirmaron su defensa al “derecho a un ambiente sano”, repudiando al mismo tiempo “el procesamiento del compañero Luis Cosita Romero, luchador incansable por la defensa de nuestros ríos y humedales, referente de las luchas en nuestros territorios de América Latina”.

La medida judicial trascendió el miércoles 12 de mayo, con la firma de Cintia Graciela Gómez, Beatriz Estela Aranguren, y Mateo José Busaniche, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en acuerdo rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Luis Alberto Romero, Ernesto Fidel Romero y Mariano Ernesto Martínez Bader, confirmando al mismo tiempo su procesamiento por “considerarlos autores del delito de violación de medidas adoptadas por el PEN para impedir la propagación de una epidemia”. La resolución, que fue calificada por distintos referentes sociales, gremiales y políticos como “inadmisible”, así como que no se corresponde con los hechos por los cuales los involucrados fueron llevados a estrados judiciales.

Cosita, Mariano Martínez y Ernesto Romero, trabajadores de la economía social y solidaria, que por razones de fuerza mayor y preocupados por sus herramientas de trabajo, se acercaron al Puerto de Paraná a ver si sus lanchas no se habían hundido con la tormenta del día anterior, explicaron los motivos tanto a las autoridades de Prefectura como también a la Justicia Federal. Esos motivos legítimos y atendibles no fueron suficientes, por lo que fueron procesados”, señalaron en la declaración pública a la que se invita a respaldar.

Repudiamos la criminalización de Cosita Romero y sus compañeros, que pone en riesgo sus fuentes laborales y genera un impacto negativo en los procesos comunitarios y colectivos que están llevando adelante en defensa de nuestra casa común. Solicitamos se revea la medida de tal manera de no perjudicar el trabajo esencial que desarrollan, en este contexto de crisis socio ambiental global y local que afectan a la naturaleza, a nuestra salud y compromete nuestro futuro común”, cerró la solicitud. (De la Redacción de ERA Verde / Foto: gentileza Pablo Russo)

Segundos afuera, primer round

por Juan A. Bracco

22 de Mayo (Valor Local) – Poco antes de que se estableciera un nuevo confinamiento para frenar la segunda ola de contagios de Coronavirus, los principales frentes electorales dejaron abierto el año electoral. En Juntos por el Cambio parece estar todo definido. El Frente Justicialista está haciendo de la indefinición un culto.

Como en el box, este primer round es de estudio, para saber cómo se mueve el adversario y tener cabal noción de cuál es la fuerza propia. No es definitorio, pero deja indicios de cómo puede ser la pelea, si el nocaut es o no una posibilidad o si se definirá por puntos luego de las 12 rondas.

La disputa tendrá características propias: será una carrera de resistencia y no de velocidad, porque la pandemia estirará los tiempos y ganará quien cruce la línea de llegada y no quien salga más rápido de la de partida. Además, en el humor social pesarán tanto la economía (la inflación, sobre todo) como las restricciones para evitar contagios a la hora de definir qué boleta se mete en el sobre que llegará a las urnas.

En el centro del ring

El primer movimiento lo hizo la oposición. Rogelio Frigerio terminó de deshojar la margarita y, finalmente, anunció: “Voy a ser precandidato a diputado nacional en Entre Ríos porque creo que es una elección muy importante, trascendente en sí misma”. El anuncio lo hizo en la porteñísima Radio con Vos. Todo un signo de los tiempos.

El ex ministro del Interior de Mauricio Macri está caminando los comités radicales, hablando con grupos y dirigentes desencantados del peronismo y sumando algunas adhesiones. Espacios que estaban alineados con el Frente Entrerriano Federal (FEF) que conformara Jorge Busti hace una década, se han plegado al proyecto de Frigerio.

Casi de inmediato, el espacio de los intendentes radicales (“Construir”) anunció que sus dos figuras, el presidente municipal de Chajarí Pedro Galimberti y su par de Crespo, Darío Schneider, serán precandidatos en la primaria de este año, que está confirmado se realizará en septiembre.

Construir juega un juego viejo en la política: se lanza por todo para conseguir algo. Lo hizo en la elección interna del radicalismo. El amague le valió varios lugares en el Comité provincial, pero quedaron lejos de la conducción política que anhelaban. Ahora se mueven igual: el anuncio y la recorrida provincial que hicieron Galimberti y Schneider deja entrever que van por todo, pero ambos apuntan en rigor a 2023, a ocupar lugares importantes en el armado legislativo de la alianza.

Amor amarillo

El principal polo de poder dentro del radicalismo está, sin embargo, en la Corriente Illia y en su principal dirigente, Atilio Benedetti. El sector y el referente han marcado, para bien o para mal, la historia reciente del centenario partido.

En la Illia, que conduce políticamente el Comité Provincial, están convencidos de dos cosas. La primera, que Juntos por el Cambio debe ganar, repitiendo los resultados favorables de las dos últimas elecciones nacionales en Entre Ríos, y renovar los tres lugares que JxC pone en juego. El segundo factor, es que dos de esos tres usen boina blanca. En tercer lugar, prefieren reservar fuerzas para 2023: Benedetti ganó dos legislativas pero perdió dos veces la gobernación. Y no hay dos sin tres.

En esta estrategia es indiferente que la boleta la encabece o no un radical. Las nuevas autoridades del radicalismo entrerriano saben que Frigerio es el dirigente más y mejor conocido en la provincia y que sería necio no aprovechar eso. Es por eso que la principal espada de Benedetti, Sergio Kneeteman, esté llevando de la mano a Frigerio por todos los departamentos en los últimos días.

Es altamente probable que esta concepción de real politik sea la que se imponga en las conformación de la alianza opositora en Entre Ríos. Más allá de las declaraciones insufladas e incendiarias que se escucharán en las próximas semanas, para dar una interna provincial se necesitan muchos millones de pesos que ningún otro sector tiene disponible. Además, meter la mano en el bolsillo no es un ejercicio que la dirigencia radical contemporánea practique con asiduidad.

En el otro rincón

En el Frente Justicialista, una convocatoria para que el gobernador Gustavo Bordet se reúna con sectores juveniles sirvió para romper el cero. Y para poco más.

La convocatoria mantuvo el cerco de complacencia en torno a la figura del mandatario provincial y estuvo signada por el refuerzo de lo conocido. Tan solo el discurso de Valeria Gómez, docente de Villaguay que puso sobre el tapete reclamos de haberes, condiciones de trabajo y elementos para enfrentar en el aula la pandemia, agitó la calma de laguna del evento.

Las intervenciones estuvieron cargadas de tibias definiciones, destinadas a sostener la acción de gobierno y a subrayar renglones de la agenda abúlica que día a día se emite desde la Casa Gris. Los mismos organizadores, conformes como no podía ser de otra manera con la realización del encuentro virtual, reconocen en privado que la convocatoria “no movió el amperímetro”.

Uno de los factores a rescatar es Carolina Gaillard. La diputada nacional que tiene mandato hasta este año demostró que tiene peso propio, además de un vínculo personal con el presidente Alberto Fernández. Y que no se encandila, como en otros casos, con las luces de las avenidas porteñas.

Como si fuera poco, el acontecimiento quedó eclipsado, deslucido, por el episodio XXX (un signo claro de que aún en el terreno de las nuevas tecnologías, para hacer política se debe ser “pillo”). Y también por el cuestionamiento que presentó el diputado opositor Julián Maneiro, quien puso la lupa en que la convocatoria se hizo en un recinto estatal.

Como siempre que se quiere aclarar, oscureció: el Partido Justicialista mostró un recibo de pago al Instituto del Seguro por el uso del lugar. El comprobante no era una factura (como tendría que haber emitido una empresa responsable inscripta en IVA) y tenía fecha 19 de mayo. El acto fue el lunes 17.

De carne somos

El mal remate del primer movimiento vino dado por la fisura que mostró el oficialismo ante la decisión del Presidente de suspender por 30 días las exportaciones de carne.

Los diputados provinciales Néstor Loggio y Juan Manuel Huss respaldaron la medida, pero el ministro de la Producción Juan José Bahillo se opuso. Y afirmó que el Gobernador coincidía con su postura. El diputado nacional Marcelo Casaretto puso el remache final, parándose del lado del Presidente.

Bordet aparece como un jeroglífico en el escenario actual. Se muestra indescifrable en algunos casos e inentendible en otros. Ante cada coyuntura, parece hacer la mitad del recorrido de cada una de las disyunciones para volver luego al punto cero.

Además, habla poco. Y cuando habla, no dice mucho. Quienes integran sus círculos más cercanos ven una virtud en todo eso. Pero, a medida que crece la distancia de la Casa Gris, se incrementa también el desconcierto en la “tropa” del peronismo por la particular manera de hacer política del mandatario.

Esta turbación alcanza también a los socios menores del Frente armado en 2019 para enfrentar las elecciones provinciales. En el FEF quieren saber qué pasará con Creer. Y dicen que a Busti le pidieron que sea candidato a diputado nacional. Lo que no dicen es que es Busti el que pretende estar en la boleta.

El problema radica en que la generación que votará por primera vez este año nació cuando Busti inauguraba su tercera gobernación y comenzaba su escolarización cuando la abandonaba. Como la psicología descubrió hace más de un siglo: no se puede actuar aquí y ahora pensando en allá y entonces. (Valor Local)

Trotta afirmó que no se siente cuestionado por el kirchnerismo y que cuenta con el respaldo del Presidente

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó en declaraciones a APFDigital que no percibe críticas del sector kirchnerista de la coalición gobernante y que mantiene un “vínculo estrecho” con todas las líneas que lo componen. También aseguró sentirse respaldado por el presidente Alberto Fernández y que no pensó renunciar. El funcionario nacional respaldó la suspensión temporal y parcial de clases en Entre Ríos que dispuso el gobernador Gustavo Bordet

“No he sentido críticas del kirchnerismo hacia mi función”, indicó Trotta y agregó que no se sintió interpelado por las afirmaciones hechas por la ex presidenta Cristina Kirchner cuando sostuvo que en el Gobierno nacional “hay funcionarios que no funcionan”.

“Por supuesto que no – reiteró – Tengo un vínculo muy estrecho con todo nuestro gobierno. Por supuesto que somos amplios, diversos y esa es la fortaleza de nuestra gestión. Pero bajo ningún punto de vista siento que tengamos críticas internas en el manejo de la agenda educativa”, sentenció.

“Todo lo contrario – agregó – Hay un fuerte acompañamiento de todo nuestro Gobierno y eso se ve reflejado en cada una de las decisiones que estamos tomando y en el presupuesto que hoy tiene nuestra cartera educativa, con un crecimiento interanual como el que nunca antes transitó”, expresó.

El funcionario apuntó que no pensó en renunciar y destacó: “Tenemos un Presidente con el cual debatimos y discutimos, presentamos propuestas pero la decisión final siempre la tiene él”, tras lo cual remarcó que a Alberto Fernández “lo acompaño hace más de 20 años”. Por eso, dijo sentirse respaldado por el mandatario nacional “si no, no sería Ministro”, concluyó.

Obras y presencialidad

Trotta estuvo en Entre Ríos para potenciar obras de escuelas técnicas que ya estaban en marcha ya para poner en marcha nuevos proyectos que se enmarcan “en nuevas inversiones del Estado nacional a partir del trabajo mancomunado con el gobernador (Gustavo) Bordet y con su gestión de gobierno”, reseñó. Asimismo, dijo que las mismas tareas se pusieron en marcha en escuelas de educación inicial.

“Seguimos trazando esta agenda en un momento de enorme complejidad para Argentina y el mundo donde tenemos que fortalecer la priorización de la agenda educativa”, acotó.

El Ministro respaldó la decisión de Bordet de que el alumnado de zonas de alto riesgo que no tuvo clases presenciales durante cinco días vuelva a las aulas a partir del próximo lunes. “Acompañamos la determinación del Gobernador, así como su compromiso de saber que tenemos que buscar el equilibrio justo entre tener la mayor presencialidad con protocolos y, por momentos, tomar ciertas decisiones, que por supuesto son complejas, para lograr descomprimir la saturación del sistema sanitario o las curvas de contagio”, sostuvo.

“Hay muchas medidas preventivas que nos permiten planificar y sostener de la mejor manera la presencialidad de cara a los próximos meses. Mientras, seguimos avanzando en el proceso de vacunación”, añadió, poniendo de relieve que la inmunización de docentes y auxiliares permitió a la Argentina tener un inicio de ciclo lectivo “como no ocurrió en otros países de América Latina”.

Trotta consignó que existen decisiones relacionadas con la “momentánea suspensión de la presencialidad en la mínima unidad geográfica posible (que) no son medidas educativas, son sanitarias”, destacó.

Por otro lado, aseveró que como marcó el presidente Fernández “siempre es importante llamar al diálogo en una pandemia, como se hizo durante el 2020. Este es un momento de enorme complejidad. Nosotros llamamos al diálogo al jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) como al gobernador (de Mendoza, Rodolfo) Suárez para seguir transitando juntos el desafío de enfrentar en el campo educativo las dificultades de la pandemia”.

Pero también “les pedimos a Larreta y a Suárez, en este año electoral, que dejen las medidas especulativas. Todos queremos presencialidad en las escuelas. Tienen que tener conciencia de la situación sanitaria en la que están sus jurisdicciones, que entraron en alarma epidemiológica, con las camas de terapia intensiva saturadas y con curvas de contagio ascendentes”.

“Debemos tomar medidas para cuidar no solo a nuestros estudiantes y docentes, sino para cuidar la realidad sanitaria de todo el país. El Presidente se involucra para aunar una mirada común y porque todos sabemos que lo que ocurre en la región metropolitana de Buenos Aires, termina irradiando a toda la Argentina, como pasó en el 2020”, recordó.

“La irresponsabilidad de una jurisdicción no solo perjudica a los vecinos y vecinas de ese lugar, sino que también termina impactando en Entre Ríos, Corrientes, Misiones y en todo el país”, finalizó. (APFDigital)

El senador Kloss fustigó el ataque mediático contra el presidente Alberto Fernández

Juan Carlos Kloss, senador del Frente Creer por el departamento Paraná dialogó con Rubén Lovera que conduce Debate Abierto Radio, programa que se emite los jueves de 18 a 21 por Emisora Regional 97,3 y una importante red de medios de la Provincia de Entre Ríos. Kloss expresó su inquietud por la situación de pandemia y contó que está haciendo para enfrentarla. Escuchá la nota completa.


More Entradas for Show: Debate Abierto Radio

Buscan darle aún más poder al Procurador García

Un proyecto de ley que tomó estado parlamentario en la sesión del Senado del 24 de febrero pretende zanjar la disputa sobre quién debe decidir la recusación de los Fiscales en una causa penal, dejando esta facultad al arbitrio absoluto del mismo jefe de los Fiscales, el procurador General Jorge García. Según la información a la que tuvo acceso APFDigital, la iniciativa fue remitida a la comisión de Legislación General

El proyecto de ley se mete de lleno en la interna del Poder Judicial sobre quién debe resolver la recusación de los Fiscales en una causa penal: los jueces de garantías o el propio jefe de los Fiscales, inclinando la balanza a favor del Procurador General Jorge García.

El texto es de autoría del senador Armando Gay (Frente Creer – Concordia) y lleva las firmas de otros integrantes de la bancada oficialista. Su objetivo es derogar el artículo 60° del Código Procesal Penal de la Provincia y, así, terminar con la disputa que quedó planteada luego de que las Cámaras de Casación Penal de Concordia y de Paraná tomaran caminos distintos.

Por un lado, el Tribunal de Concordia (integrado por los jueces Darío Perroud y Aníbal Lafourcade y la jueza Silvia Gallo) resolvió que la facultad para decidir la recusación de los Fiscales era potestad del Juez de Garantías. Pero, casi en paralelo, la Cámara de Paraná (conformada por las magistradas Marcela Badano y Marcela Davite y Hugo Perotti) tomó el camino contrario y afirmó que esta facultad es exclusiva del Procurador General. Cabe señalar que existe un vínculo sentimental entre Badano y García.

Las fuentes judiciales consultadas por esta Agencia indicaron que la resolución de este intríngulis, que dejaba a la mitad de la provincia con un criterio y a la otra con un uno distinto, correspondería a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia al momento en que un planteo de esta naturaleza llegue a esa instancia.

Pero ahora surgió una iniciativa legal que acortaría camino.

El proyecto

El texto presentado por Gay con el acompañamiento de los oficialistas Daniel Olano (Islas); Claudia Gieco (Diamante) y Marcelo Berthet (San Salvador) consta de un sólo artículo: “Deróguese el artículo 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos Ley n° 9754 con su reforma ley n° 10.317”.

Lo sustancial está en los fundamentos

“En la actualidad rige en materia de recusaciones de fiscales dos normas que se contradicen entre sí, por un lado la que surge de la ley 10.407, orgánica del Ministerio Público, que en las disposiciones específicas del Ministerio Pública fiscal, en su artículo 35, prevé: ‘Los miembros del Ministerio Público Fiscal sólo podrán excusarse o ser recusados en los casos previstos en la legislación procesal vigente, siempre que exista una grave afectación del principio de objetividad. El apartamiento será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General, según el caso.’ Dicha norma fue sancionada por esta legislatura el 1 de diciembre de 2015”, recuerdan los legisladores.

“Contrariamente a lo manifestado en el párrafo anterior, el actual Código Procesal Penal de nuestra provincia, publicado en el Boletín oficial el 9 de enero de 2007, establece en su artículo 60°: ‘Los miembros de Ministerio Público Fiscal deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismo motivos establecidos respecto a los jueces. La recusación, en caso de no ser aceptada, será resuelta en audiencia única por el Tribunal de Juicio ante el cual actúe, el funcionario recusado; y durante la Investigación Penal Preparatoria, por el Juez de Garantías. El trámite se regirá por las disposiciones de la recusación de los jueces en cuanto sea compatible. Mientras dura el trámite de recusación, el Ministerio Público, podrá en caso de necesidad, sustituir provisoriamente al Fiscal actuante para evitar las demoras o suspensiones consecuentes”, añaden.

A párrafo seguido, mencionan la existencia del conflicto: “Esta contradicción normativa, derivó en resoluciones judiciales contradictorias, siendo algunas las que hicieron prevalecer la ley orgánica del MPF, y otros lo establecido por el código de rito”.

Y sentencian: “Independientemente de posibles técnicas interpretativas, como ley posterior deroga ley anterior, o que la ley especial desplaza a la general, consideramos necesario despejar estas dudas, evitando fallos contradictorios, que por un lado vayan en contra de las garantías constitucionales y resientan la autonomía del Ministerio Público Fiscal, por lo que entre las dos alternativas posibles, consideramos que es la adecuada preservar lo previsto en la ley orgánica, derogándose así el actual art. 60 del Código Procesal”.

El remate al que apelan los senadores y la senadora es curioso: “En el caso de no compartirse este criterio, por los mismos fundamentos, se debería derogar el artículo 35° de la ley del Ministerio Público Fiscal”. Es decir: si no se toma un camino, debe tomarse el otro. Pero el artículo en discusión sólo presenta una alternativa .

La iniciativa fue girada el pasado jueves 25 a la comisión de Legislación General que preside Gieco y donde también participa Berthet. (APFDigital)

El radicalismo de Entre Ríos quiere la vuelta las clases presenciales ya

En un documento emitido en que se celebra el Día Internacional de la Educación, el sector interno de la UCR, Convergencia, hizo referencia al regreso de las clases presenciales en la provincia.

“En estos días se ha instalado un fuerte debate sobre la necesidad de la vuelta a la presencialidad en las escuelas de nuestra provincia. Como ocurre habitualmente el discutir la coyuntura se impone sobre el debate de los problemas de fondo que aquejan a la educación pública entrerriana los que siguen quedando relegados a la espera que algún día sean abordados como corresponde. El bajo interés que tiene el gobierno de Gustavo Bordet por la educación no deviene de la pandemia sino que son muchos años de atraso y de abandono como lo muestran las estadísticas de las organizaciones que se dedican a evaluar la calidad de la educación en nuestro país”, expresaron al comienzo.

Para agregar: “El informe anual 2019 de la organización ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN, denominado ‘El estado de la educación en la Argentina’, muestra indicadores alarmantes respecto de la educación pública entrerriana a la que ubica entre las que registran las tasas más alta de repitencia de nivel primario con el 5,6% y en el último lugar de retención de la matrícula de nivel secundario. El trabajo dice que las provincias se ubican en un rango de entre el 78% y 47% en su porcentaje de estudiantes que progresan en la educación secundaria sin repetir ni abandonar. Las provincias que mayores tasas de retención en el nivel secundario registran entre 2012 y 2017 son la Ciudad de Buenos Aires (78%), La Rioja (74%) y Catamarca (72%). Las que menores tasas registran en este indicador son Formosa (48%), San Juan (47%) y Entre Ríos (47%)”.

El texto también refiere a que hace mucho tiempo que la educación pública en nuestra provincia “solo se sostiene por el compromiso del sector docente, no docente y las cooperadoras escolares. Los docentes que se capacitan a costo de sus bolsillos para contribuir a jerarquizar el sistema; que se hacen cargo de los problemas sociales que traen los alumnos desde sus hogares sin herramienta provistas por el estado para resolverlos; que tienen que pagarse su internet porque el CGE les exige registrar todas las novedades en forma virtual pero no les proveen el servicio; mientras que las cooperadoras juntan recursos de los vecinos para contribuir con los elementos de limpieza porque las partidas que mandan el gobierno alcanzan para menos de una semana, para pintar los establecimientos, para reparar los vidrios, las aberturas, los sanitarios y en muchos casos hasta para construir aulas nuevas asumiendo obligaciones que son propias del gobierno”.

Se indicó posteriormente: “Nadie desconoce que Entre Ríos tiene una infraestructura escolar en general deteriorada, con falta de mantenimiento e insuficiente para la matrícula que tienen actualmente las escuelas sobre todo el caso de las NINA, sistema en el que estamos totalmente de acuerdo, pero se debió haber hecho con un plan paralelo de adecuación de los establecimientos, como lo prometió Urribarri en su momento y no cumplió, porque así como están han hacinado y estresado a toda la comunidad escolar”.

Le expresaron al gobernador Bordet “que no se puede seguir improvisando ni demorando el debate de fondo, ha llegado el momento de declarar la emergencia de la educación pública en Entre Ríos, convocar a todos los actores del sistema y espacios políticos a acordar una política de estado que tenga los consensos necesarios para realizar los cambios y mejoras que el sistema necesita, con pautas claras y plazos precisos que aporten previsibilidad en los reformas y en las mejoras que van a tener nuestros gurises para contar ámbitos adecuados donde estudiar y un compromiso serio de todos para tener un plan de jerarquización de los docentes desde lo profesional y lo salarial”.

Finalmente el documento de Convergencia, señaló:” Alguna vez será necesario cumplir con la palabra tantas veces escuchada y nunca cumplida que la educación es lo que más importa en nuestra sociedad y en esa tarea tenemos que involucrarnos todos porque la educación es un bien público y hacerla de calidad es una responsabilidad colectiva”.

Lanzamiento del Foro de Concejales del Departamento Paraná

Los concejales del Frente Creer Entre Ríos del Departamento Paraná, conformaron un foro con el objetivo de ir canalizando necesidades de las distintas localidades, maximizar el poder de los legisladores para la administración política de sus municipios e instrumentar políticas públicas intermunicipales de reactivación y reparación social

El Foro de Concejales y Concejalas del Departamento Paraná tuvo su lanzamiento este sábado en El Pingo, con la presencia de más de sesenta ediles del Frente Creer Entre Ríos, pertenecientes a los quince municipios y trece comunas del Departamento Paraná.

En el inicio del encuentro, el intendente local Diego Plassy dio la bienvenida a los ediles de todo el departamento y celebró la conformación de un espacio en el que se puedan abordar, debatir y construir iniciativas legislativas y políticas públicas sobre problemas comunes a las distintas localidades del Departamento Paraná. Luego hablaron representantes de todas las localidades con discursos en los que primó el llamado a la unidad y la elaboración de una agenda de trabajo común sobre las necesidades y perspectivas de desarrollo local.

Apoyo al gobierno de Alberto y Cristina

El Foro además emitió un documento en el que manifestó su apoyo al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador Gustavo Bordet y a los intendentes e intendentas peronistas del departamento y destacaron las medidas tendientes a movilizar la economía y asegurarle ingresos a los ciudadanos en un escenario complejo.

“Este año atravesamos un escenario social profundamente complejo, producto de cuatro años de neoliberalismo en el país y del impacto político, económico y social que provocó la pandemia. Fueron meses difíciles durante los cuales se dio prioridad al cuidado de la salud de nuestro pueblo, destinando fondos para la reconstrucción del sistema sanitario, pero también poniendo en marcha programas sociales para ayudar a las familias más afectadas, los sectores de la economía informal y otras medidas de auxilio para empresas”, destacaron los concejales y concejalas del Departamento Paraná.

En el plano provincial, los ediles celebraron “la histórica decisión de transferir automáticamente a Entre Ríos los excedentes de la represa de Salto Grande, fruto de las gestiones sostenidas durante años por nuestro gobernador Gustavo Bordet y del compromiso federal del presidente Alberto Fernández”.

“Estamos convencidos de que aunque todavía tenemos que transitar un camino que presenta múltiples desafíos y dificultades, en este tiempo se han sentado las bases para volver a poner a la Argentina de pie. La pandemia afectó el impacto de las políticas públicas para la recuperación económica y social del país desplegadas por el proyecto nacional y popular; pero los recientes indicadores de reactivación y crecimiento aportan elementos de convicción para avizorar un 2021 positivo para nuestro país”, resaltaron los ediles del Frente Creer Entre Ríos en otro tramo del documento fundacional.

Próximo encuentro

Los concejales y concejalas acordaron que el próximo encuentro se realice en el mes de enero en Pueblo Brugo, para comenzar a delinear el trabajo en comisiones que avancen en la elaboración de iniciativas legislativas en base a algunos ejes temáticos: circuitos turísticos departamentales; gestión de residuos, cuidado del río y balnearios compatible con la defensa del ambiente; desarrollo de estrategias de fomento de la economía popular y el emprendedurismo; desarrollo productivo integrado; políticas en materia de género y diversidades, entre otros temas.

“Nuestro rol como ediles en el Departamento Paraná será continuar construyendo unidad y espacios de encuentro, trabajando por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, acompañando a nuestros intendentes e intendentas en el esfuerzo diario de implementar acciones y respuestas a las demandas de la ciudadanía, generando un canal para transmitir inquietudes ante el Gobierno nacional y provincial, y desarrollando propuestas políticas que nos permitan recuperar aquellas localidades en las que somos oposición. Por eso estamos comprometidos en fortalecer y potenciar nuestro departamento trabajando articuladamente para desarrollar una agenda legislativa que nos permita contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, concluyeron los concejales del Departamento Paraná. (APFDigital)

El acuerdo con el FMI que necesita la Argentina

El Gobierno necesita refinanciar la deuda para liberar recursos que nos permitan crecer y generar empleos

por Marcelo Casaretto

Alberto Fernández asumió con una abultada deuda externa, con altas tasas de interés y con vencimientos concentrados en el corto plazo, con fuerte incidencia en el Presupuesto Nacional. En el Congreso Nacional, en enero, tratamos la Ley de Sostenibilidad de la Deuda que nos permitió avanzar el canje de la deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera. En julio aprobamos otra ley que nos permitió avanzar con el canje de la deuda bajo legislación argentina. El éxito de ambas negociaciones permitió una baja de las tasas de interés del 7,5% al 3% anual, una quita parcial del capital y una reprogramación de los vencimientos que libera a la Argentina de pagos de capital por varios años.

El Gobierno ha iniciado un proceso de negociación con el FMI por la deuda de USD 44 mil millones, contraída por la administración de Mauricio Macri entre 2018 y 2019. El financiamiento total fue de USD 57 mil millones, de lo cual se desembolsó la suma mencionada, hasta que se suspendió luego de las PASO de agosto de 2019, cuando ya estaba claro que el programa de gobierno era insostenible, y que los argentinos habían votado en contra de la posible reelección de las autoridades. Concluidas las dos etapas del canje en agosto de 2020, se definió avanzar con el FMI. De la misma manera que en las etapas anteriores, se solicitó que se prorroguen los vencimientos ante este organismo, o que se otorgue financiamiento para afrontar los vencimientos de los próximos años, que podría ser bajo un Programa de Facilidades Extendidas que otorgue cuatro años y medio para comenzar a pagar y hasta diez años para el pago del capital.

El 15 de septiembre el Gobierno presentó su presupuesto, que tuvo media sanción, y que el Senado sancionará como ley este jueves. Además, el Ministerio de Economía presentará en el Congreso un programa de consolidación macroeconómico plurianual, en el cual se determinarán las metas fiscales, monetarias y financieras para cumplir con un sendero de equilibrio hasta 2025.

La misión del FMI realizó una visita exploratoria de la situación económica y social de la Argentina tras el pedido del Gobierno, escuchando a los distintos sectores de la sociedad, a principios de octubre. Ahora una misión está dando inicio formal para renegociar el crédito stand by firmado por la gestión anterior.

Seguramente cuando el staff del FMI y el Gobierno se pongan de acuerdo en un programa, el Poder Ejecutivo lo enviará al Congreso y la misión del organismo la elevará al directorio de la entidad en forma simultánea. Y además el Ministerio de Economía enviará al Congreso un proyecto de ley que establece que el Poder Legislativo deberá aprobar un nuevo acuerdo con el FMI y toda nueva deuda en moneda extranjera, tal como se había informado previamente, marcado una total transparencia y participación del Congreso en estos temas fundamentales, tal como marca la Constitución Nacional.

El FMI fue creado en Bretton Woods en 1944 por 44 países. La Argentina decidió no formar parte por decisión de Juan Domingo Perón, para mantener su soberanía política y su independencia económica. En 1956, luego del golpe militar el Gobierno de facto decidió adherir, para acceder a un crédito de USD 1.000 millones, comenzando una larga serie de préstamos stand by que aportaban financiamiento, pero al mismo tiempo condicionaban la política económica argentina. A través de memorandos de políticas económicas y financieras se decidían fuertes ajustes estructurales para pagar las deudas a lo largo de las décadas. En enero de 2006 Néstor Kirchner canceló la deuda de la Argentina con el FMI por USD 9.810 millones, pagó la totalidad de la deuda con el organismo y recuperó la posibilidad de decidir las políticas económicas de los argentinos. El Gobierno de Mauricio Macri se endeudó entre 2016 y mayo de 2018, hasta que el mercado le cortó el acceso al endeudamiento irresponsable. En esa instancia, decidió nuevamente recurrir al FMI con el préstamo más grande de la historia por USD 57 mil millones de los cuales se desembolsaron USD 44 mil millones con vencimientos en el corto plazo. Esta es la deuda que se necesita refinanciar, para liberar recursos para crecer y generar empleos.

El autor es diputado nacional del Frente de Todos

Gustavo Saenz: “El Gran Relator”

El discurso del gobernador de Salta no es más que eso, un relato, sobre una realidad en la que sigue dejando mucho que desear para aquellos que lo votaron el año pasado.

En su relato cuenta obviedades como con cuantas provincias limita Salta, con cuantos países, recuerda que estamos en pandemia entre otras cosas que cualquier ciudadano ya conoce.

En una nueva entrega de casas, Saenz hizo catarsis con las familias presentes y ante las cámaras. Nada más triste para aquellas personas que recibir la llave de un sueño tan esperado, como lo es la casa propia, con palabras de pura pena, amargura y quejas.

Es de público conocimiento que Salta ha tenido un significativo aumento de casos de Covid19 en las últimas semanas y las críticas por la falta de información a la población van en aumento.

Repasando sus dichos más recientes se advierte una sensación de frustración ante la adversidad, a tal punto que en una entrega anterior llego a expresar “no le deseo estar a nadie en mi lugar”. ¿Por qué eligió presentarse a elecciones entonces? En busca de culpables y de desligarse responsabilidades su relato acusa a los ciudadanos irresponsables, funcionarios y hasta personas extranjeras, mostrando un costado de xenofobia escalofriante, teniendo en cuenta la comunión en la que conviven argentinos y bolivianos en las fronteras del norte salteño.

Por otro lado, la mentira aparece con claridad cuando se pronuncia diciendo que las casas entregadas son un logro de su gestión, o en conferencia nacional ante el presidente, entre nervios y contradicciones, adjudicándose la obra del acueducto norte. Tanto las casas como las obras nacionales estaban iniciadas desde la gestión de Juan Manuel Urtubey.

“NO HAGAMOS POLITICA” ¿Qué quiso decir con eso? Se refería a no politizar la situación sanitaria, pero se olvida que TODO es política, más en estos tiempos donde la sociedad demanda un Estado presente. Es claro que el gobernador salteño entiende a la política solo como un acto electoral y no de gestión.

Como es su costumbre no puede faltar lo mistico y lo divino: DIOS. Agradecer a “Dios por sobre todas las cosas” es una frase emblemática de su relato, pero la realidad la construyen los humanos y hoy, superado por el crudo escenario, finalmente terminó diciendo que Dios no nos puede ayudar más y que ahora las cosas dependen de los ciudadanos para poder salir airosos. (La 750 Salta)

Una picardía de los concejales de Juntos por Cambio en Oro Verde

En la mañana del 8 de setiembre, el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio de Oro Verde dio a conocer en redes y medios “un resumen del proyecto de ordenanza presentado hoy en el HCD que busca continuar con el apoyo tributario municipal y un microcrédito a gimnasios como actividades gastronómicas de nuestra ciudad.”

Luego agregaron: “Creemos que en momentos críticos como los que vivimos debemos mas que nunca acompañar a estos sectores perjudicados de la economía local y como oposición ese es nuestro rol, el de estar presentes.”

Rápida respuesta vecinal

En su habitual Resumen de noticias de la siesta el intendente Oscar Toledo, hizo saber que los negocios mencionados “ya están eximidos de estos pagos. Esta medida se tomó desde el inicio de la pandemia. Desde el día uno decidimos que estos actores no debían pagar las tasas municipales”.

Lo mismo se hizo con la Ordenanza N°02/MOV con todos los negocios y locales que no pudieron trabajar por la medida, que se fueron modificando a lo largo de los meses.

Con el Decreto N°140 del 3 de septiembre, donde se vuelve a eximir del pago de impuestos a gimnasios, bares y centros de entrenamiento hasta diciembre.

Marketing y política

Durante cuatro años de gobierno del presidente Macri y su política neoliberal de endaudamiento y concentración económica, cerraron más de 40 mil pymes y negocios similares a los restoranes, bares y gimnasios que hoy ven peligrar su continuidad por la pandemia. En esos momentos, la dirigencia local no solo NO se preocupó por ellos sino que aplaudió ese rumbo económico. En buena hora que hoy crean que deben acompañar a los “sectores perjudicados de la economía local” y usar al Estado para ello, concepto que la ideología neoliberal aborrece.

Por otro lado, es interesante señalar que los concejales, deben capacitarse y estar al tanto de las leyes y las normas. Tanto de las que rigen a los cuerpos legislativos como de las que emiten. Es su trabajo y cobran por ello.

Una vecina o vecino no puede alegar el no cumplimiento de una norma municipal ante una infracción. El solo hecho de la promulgación da por hecho que es conocida por todos. Asi funciona la ley desde hace cientos de años. Mucho menos lo puede ignorar un edil.

En síntesis, el bloque de Juntos por el cambio, intentó presentar una norma que ya está vigente, cabe preguntarse porqué.

Bordet y Massa acordaron plan que beneficia a Oro Verde

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Analizaron las estrategias de articulación entre Nación y provincia para la reactivación de la economía en la pospandemia, centrada en la producción, el desarrollo y el trabajo.

“Potenciar el desarrollo económico, social y humano, la producción y la creación de puestos de trabajo serán los ejes centrales de la estrategia para reactivar la economía del país, y por supuesto de la provincia, en la pospandemia. De eso estuvimos hablando con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa”, expresó Bordet al término del encuentro.

El mandatario entrerriano detalló que “dialogamos sobre la inclusión de la transferencia automática de los fondos excedentes de Salto Grande en el Presupuesto Nacional para tener un flujo previsible de fondos que permitan ejecutar proyectos estratégicos para Entre Ríos”.

Además, “en el marco del plan de saneamiento y agua potable que viene llevando adelante el gobierno provincial, hablamos del proyecto para mejorar el abastecimiento a Paraná y la extensión de la red a las localidades de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda que componen la región metropolitana”, puntualizó, y agregó: “se trata de una obra que mejorará significativamente la calidad de vida de miles de entrerrianos, garantizando el acceso a un derecho fundamental como el agua”.

Por último, Bordet consignó que analizaron con el titular de la Cámara Baja nacional “la agenda la ampliación de la moratoria 2020, que alcanzaría a más de 14 mil comercios, Pymes y productores entrerrrianos”. “Políticas como esta expresan con claridad la intención de nuestro presidente, Alberto Fernández, de avanzar en la concreción de una estrategia de desarrollo e inclusión para el país que nos revertir el impacto de la pandemia en la economía y la sociedad”.

La UCR repudia las amenazas que sufrió el ex concejal Odiard a partir de una noticia falsa.

Desde el Comité Provincial de la UCR repudiaron las amenazas que recibió el exconcejal de Cambiemos de San Salvador, Víctor Fernando Odiard, a quien se le atribuyó haber sido autor de la agresión al móvil de C5N. Lamentaron la proliferación de “fake news” e instaron a que todos los sectores políticos y sociales aunen esfuerzos para desterrar estas prácticas. También repudiaron el ataque al móvil de TV.

El ex concejal de Cambiemos de San Salvador, Víctor Fernando Odiard, apareció mencionado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación como uno de los agresores que sufrió un móvil de C5N en la marcha que días atrás tuvo lugar en la zona del Obelisco.

“Lamentamos que, a partir de una noticia falsa, hayan querido ensuciar el nombre de un dirigente radical y de la Federación Agraria, y hayan pretendido mostrarlo como responsable del ataque al móvil de un canal de televisión. Y que a partir de esta campaña falsa que alguien orquestó, Odiard haya sufrido amenazas”, afirmaron desde el Comité Provincial de la UCR.

“La difusión de noticias falsas es una práctica nefasta que ha perjudicado a casi todos los sectores políticos y ha manchado la reputación de muchos ciudadanos, además de constituir un peligro para el derecho de la ciudadanía a informarse y para la democracia en general”, sostuvieron luego desde el centenario partido.

En este marco, consideraron que “es necesario que quienes ostentamos algunos espacios de responsabilidad social y política aunemos esfuerzos para disminuir la posibilidad de que las denominadas ‘fake news’ se extiendan y generen confusión en la ciudadanía”. A la vez, “esperamos que la Justicia detecte quiénes fueron los que acusaron gratuitamente a Odiard de haber agredido a un canal de televisión”.

Por último, desde el Comité Provincial de la UCR sostuvieron: “Repudiamos también el ataque que sufrió el periodista de C5N y el móvil de dicho canal, nos solidarizamos con los comunicadores que en alguna oportunidad han sido víctimas de ataques o censuras y bregamos por la existencia de una absoluta libertad de prensa”. (Emisora Regional)

La “Silvia Wollert” apoya la intervención de la empresa Vicentín

La agrupación “Silvia Wollert” de la ciudad de Oro Verde dio su apoyo a la intervención del Estado en la empresa cerealera Vicentín por considerar que “el Estado debe cuidar su recursos” en alusión al préstamo de más de 18 mil millones de pesos que el Banco Nación otorgó a la empresa en quiebra.

En otra parte del comunicado enviado a Emisora Regional, la “Silvia Wollert” fundamenta su apoyo en que la medida juega un papel importante en la regulación de precios, fortalece la soberanía alimentaria y porque sirve para sostener los 6 mil puestos de trabajo en Vicentín.

Texto completo del comunicado

El Frente Creer ya tiene Liga de concejales en Paraná Campaña

El lunes 8 de Junio quedó formalmente constituída la Liga de Concejales del departamento Paraná. La integran ediles de las localidades de Hernandarias, Pueblo Brugo, Cerrito, Hasenkamp, María Grande, Viale, Crespo, San Benito, Colonia Avellaneda, Estación Sosa, Oro Verde y Aldea María Luisa.

Uno de los impulsores de esta iniciativa, Leonel “Tino” Reynoso, había adelantado que estaba trabajando en esta propuesta al programa Algo en común que se emite por Emisora Regional 97.3 los sábados de 10 a 13.

La iniciativa, que tiene como principal objetivo el bien común para cada uno de los pueblos que participan, propicia el intercambio de ideas de concejales y concejalas, la mejora en las prácticas legislativas y el debate sobre el panorama político actual y su incidencia en cada una de las localidades entrerrianas representadas.

La reunión fundacional de la nueva Liga se concretó por videoconferencia.

Una de las primeras ideas que se va a realizar es la creación de un banco de proyectos generales dónde luego cada grupo de ediles adaptará a la realidad de su localidad y se trabajará sobre temáticas específicas actuales que requieren la atención y la intervención política como lo es la ecología y el cuidado del medio ambiente, la violencia de género, el cuidado y la protección de los niños, las condiciones de trabajo de los y las empleados y empleadas municipales y el desarrollo de la obra pública, entre otras.