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Quedó firme la condena de Sergio Varisco por narcotráfico

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las presentaciones realizadas por los condenados en las causas “Narcoavioneta” y “Narcomunicipio” y confirmó las condenas de primera instancia que recayeron sobre el ex intendente Sergio Varisco y la banda de los hermanos Celis, confirmaron a APFDigital fuentes judiciales con acceso al expediente. A los acusados sólo les queda la instancia del recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

La decisión de la Cámara Federal fue notificada a primera hora de la tarde de este martes a los abogados defensores que recurrieron a esta instancia. En el fallo, los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazaron todos los planteos que habían hecho los letrados de Sergio Varisco; el ex concejal Pablo Hernández (Cambiemos); la ex funcionaria municipal Griselda Bordeira y el resto de los acusados.

Muchos de los defensores conocían sólo el decisorio de la Cámara de Casación Penal Federal pero no los fundamentos del fallo, que tiene 279 fojas. Pese a esto, adelantaron a esta Agencia que aún resta el recurso ante la Corte Suprema. “Esto no queda firme de ninguna manera. Queda el recurso ante la Corte que por supuesto lo llevaremos a cabo”, dijo a APFDigital Emilio Fouces, defensor de Hernández. El letrado que defiende a Varisco, Rubén Pagliotto, fue más allá: “Interpondremos el recurso extraordinario federal ante la Suprema Corte y llegaremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ser necesario”.

Pagliotto -también defensor de Luis Etchvehere- confesó sentirse “angustiado” por la definición de Casación Penal, ante la cual habían presentado el pasado viernes 18 de diciembre los escritos breves de quince recursos de apelación. Además, puso un marco de dudas sobre el modo en que el Tribunal confirmó las condenas en apenas “cuatro días” considerándolo algo “casi imposible” por lo que estimó que los magistrados apelaron a reutilizar elementos para confeccionar el decisorio.

Hace casi un año, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Varisco a seis años y medio por encontrarlo partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes con agravantes. Le impuso también una multa de $ 200 mil. A Hernández lo sancionó con cinco años por partícipe secundario, misma pena que a Bordeira. También fueron condenados los cabecillas de la banda, Daniel “Tavi” Celis y Miguel Ángel “Titi” Celis y el resto de la banda.

En el juicio se abordaron dos expedientes. El primero trató sobre la denominada causa “Narcoavioneta”, referido al avión interceptado con un cargamento de marihuana y “Narcomunicipio”, que investigaba los nexos de la banda de los Celis con la administración municipal de Cambiemos que encabezaba Varisco. (APFDigital)

La UCR repudia las amenazas que sufrió el ex concejal Odiard a partir de una noticia falsa.

Desde el Comité Provincial de la UCR repudiaron las amenazas que recibió el exconcejal de Cambiemos de San Salvador, Víctor Fernando Odiard, a quien se le atribuyó haber sido autor de la agresión al móvil de C5N. Lamentaron la proliferación de “fake news” e instaron a que todos los sectores políticos y sociales aunen esfuerzos para desterrar estas prácticas. También repudiaron el ataque al móvil de TV.

El ex concejal de Cambiemos de San Salvador, Víctor Fernando Odiard, apareció mencionado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación como uno de los agresores que sufrió un móvil de C5N en la marcha que días atrás tuvo lugar en la zona del Obelisco.

“Lamentamos que, a partir de una noticia falsa, hayan querido ensuciar el nombre de un dirigente radical y de la Federación Agraria, y hayan pretendido mostrarlo como responsable del ataque al móvil de un canal de televisión. Y que a partir de esta campaña falsa que alguien orquestó, Odiard haya sufrido amenazas”, afirmaron desde el Comité Provincial de la UCR.

“La difusión de noticias falsas es una práctica nefasta que ha perjudicado a casi todos los sectores políticos y ha manchado la reputación de muchos ciudadanos, además de constituir un peligro para el derecho de la ciudadanía a informarse y para la democracia en general”, sostuvieron luego desde el centenario partido.

En este marco, consideraron que “es necesario que quienes ostentamos algunos espacios de responsabilidad social y política aunemos esfuerzos para disminuir la posibilidad de que las denominadas ‘fake news’ se extiendan y generen confusión en la ciudadanía”. A la vez, “esperamos que la Justicia detecte quiénes fueron los que acusaron gratuitamente a Odiard de haber agredido a un canal de televisión”.

Por último, desde el Comité Provincial de la UCR sostuvieron: “Repudiamos también el ataque que sufrió el periodista de C5N y el móvil de dicho canal, nos solidarizamos con los comunicadores que en alguna oportunidad han sido víctimas de ataques o censuras y bregamos por la existencia de una absoluta libertad de prensa”. (Emisora Regional)

Duro golpe al narcotráfico. Varisco fue sentenciado a 6 años y medio de prisión

El exintendente de Paraná Sergio Varisco (CAMBIEMOS) fue condenado como participe necesario en la comercialización de drogas. Fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión. #EntreRios #Argentina

Hernández y Bordeira fueron sentenciados a 5 años

Así lo dispuso el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF), que dio lectura este lunes al adelanto de sentencia en la causa que investiga el accionar de la banda de Daniel “Tavi” Celis y sus vínculos con la administración municipal que condujo Sergio Varisco · Pablo Hernández y Griselda Bordeira fueron considerados partícipes secundarios y fueron condenados a cinco años de prisión.

El 10 de febrero se darán a conocer los fundamentos de la sentencia luego de la feria de verano.

Los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros dictaron el adelanto de la sentencia en el juicio por el que están imputadas unas 30 personas.

El intendente Varisco fue condenado a seis años y medio de prisión al ser considerado partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes. En tanto, “Tavi” Celis fue condenado a 13 años, mientras que Bordeira y el exconcejal Hernández fueron considerados participes secundarios y fueron condenados a cinco años de prisión.

El Tribunal ordenó la prisión preventiva del exintendente hasta que quede firme la sentencia.

Macri y sus kilómetros de mentira

Resumen cortito

  • El oficialismo contabiliza arreglos como luminarias u obras de seguridad para llegar a ese número.
  • Las autopistas y rutas finalizadas son menos de 500 km, mientras que otros 900 km están en ejecución.
  • No hay datos históricos para realizar comparaciones. Considerando sólo autopistas, se hicieron más en los últimos 65 años que durante este período.

Durante la visita a Oro Verde, el presidente afirmó que en Entre Ríos se han realizado trescientos kilómetros de rutas y otros cuatrocientos 450 están en construcción. Días después en otro acto aseguró: “En lo que hace específico a lo vial ya terminamos 7.600 kilómetros, entre autopistas y rutas, y tenemos 13.480 kilómetros en construcción. Esto es más que en los últimos 65 años”.

Durante la gestión de Cambiemos se hicieron 8.958 km de obras viales finalizadas y hay 13.873 km de obras en ejecución, según un documento que enviaron desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a Chequeado. Pero, este número cuenta muchos tipos de obras, como repavimentaciones, y no sólo la construcción de nuevas autopistas o rutas.

Según estos datos oficiales, el gobierno de Cambiemos finalizó casi 440 km de autopistas y 21 km de rutas. Serían algo más de 460 km de nuevas autopistas y rutas construidas. Además, hay otros 905 km de autopistas en ejecución.

De los 8.958 informados por el Gobierno, más de la mitad son repavimentaciones (53%). Lo siguen las pavimentaciones (14%), mantenimientos (14%) y rehabilitaciones (8%). Además, en la lista se incluyen obras de enripiado, iluminación y seguridad.

Sobre las obras que todavía están en ejecución, la mayoría de los 13.873 km también son repavimentaciones (67%). Lo siguen mantenimiento (14%), autopistas (7%) y pavimentaciones (5%).

Otra mentira para justificar la mentira

Sobre este punto de la frase, el Presidente se refirió sólo “a la construcción de autopistas”, según aseguraron desde el sector de Prensa de Vialidad a Chequeado. Es decir, que a pesar de hablar de las obras totales, en ese punto quería referirse solamente a las autopistas.

“En los 65 años anteriores a 2015 se construyeron poco menos de 2.800 km de autopistas, cifra que prácticamente estamos igualando si contamos las autopistas terminadas, en ejecución y contratadas desde 2015”, explicaron a Chequeado desde Vialidad.

Según los datos difundidos por Eduardo Plasencia, coordinador de Gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, durante Cambiemos se terminaron 450 km de autopistas, mientras que 294 km están “casi terminadas”, 732 km están en construcción y 838 km están licitados. En total serían casi 2.300 km. Es decir, según los propios datos del Gobierno, todavía no se construyó más que en los últimos 65 años ni sucedería incluso si se finalizaran todas estas obras de autopistas.

La inflación imparable. Lleva cinco meses por encima del tres por ciento

Por quinto mes consecutivo, los precios treparon más de 3 por ciento. En lo que va del año el alza llega al 19,8 por ciento.

La inflación en mayo fue del 3,1 por ciento, según el relevamiento del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Se trata del quinto mes consecutivo con variaciones de precios por encima del 3 por ciento mensual, mientras que desde febrero se exhiben alzas mayores al 50 por ciento en el acumulado de doce meses. En mayo la inflación fue del 57,4 por ciento contra igual mes del año pasado, la más alta desde 1991. La escalada estuvo motorizada por el rubro salud –por el incremento de las prepagas–, indumentaria y calzado y equipamiento y mantenimiento del hogar. Los alimentos, el rubro de mayor peso en la canasta, se ubicaron apenas por debajo del nivel general, con 3,0 por ciento. Las cifras oficiales de inflación serán difundidas por el Indec este jueves.

“En lo que va del año, los precios treparon un 19,8 por ciento interanual, mientras el salario real sigue en retroceso. Desde el IET calculamos una caída de 16 por ciento de poder de compra en tres años y medio de gobierno de Cambiemos. Actualmente está en el valor más bajo en once años, al punto que habría que remontarse al 2002 para encontrar una caída tan profunda”, explicó a este diario Nicolás Trotta, rector de la UMET. “De mantenerse la estabilidad cambiaria, como en mayo, la inflación va a tender a desacelerarse gradualmente, habilitando una ligera mejora del poder adquisitivo de los salarios y el consumo, aunque no volverán a los niveles previos a la corrida cambiaria, ni mucho menos a los de 2015”, aclaró Víctor Santa María, secretario de Estadísticas de la CGT.

Pese al corsé monetario que aplica el Banco Central para congelar el consumo vía pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones (ver aparte), los constantes aumentos en las tarifas de los dolarizados servicios públicos, los combustibles y los alimentos mantienen la presión inflacionaria. En el informe se puntualiza el impacto de la inflación en los trabajadores registrados, lo que refiere a aquellos hogares donde hay un jefe o jefa bajo esta condición (asalariado formal). Para estos hogares la inflación de mayo se explicó por Salud, con un ajuste de 5,5 por ciento, seguida por indumentaria y calzado (5,2 por ciento) y equipamiento y mantenimiento del hogar (3,9 por ciento). “Los capítulos de menores subas fueron Esparcimiento (2,4 por ciento), vivienda y sus servicios (1,6) y Educación (0,2).

“En mayo, el 61 por ciento de los 327 rubros relevados registró alzas mayores al 1,5 por ciento, valor que sigue muy por arriba de promedio del período 2016-17. Esto indica que la inflación sigue siendo generalizada a la mayoría de los productos relevados”, detalla el informe de la UMET.

Si se desagrega dentro de cada rubro puede tenerse una idea de lo que motorizó los aumentos de cada capítulo. En el caso de Salud, el aumento estuvo vinculado con otro ajuste en las cuotas de las prepagas que autorizó la Superintendencia de Salud, el cual fue del 7,5 por ciento. En los últimos doce meses el Gobierno autorizó a las prepagas un incremento del 42,2 por ciento. En indumentaria, la suba estuvo explicada por el incremento estacional de 9,5 por ciento en el precio de las camperas y abrigos, impulsada por el arribo de la temporada invernal.

Los aumentos en equipamiento y mantenimiento del hogar se focalizaron en productos de limpieza, como jabón y lavandina, que se encarecieron 5,5 por ciento promedio. Otros aumentos en bienes y servicios que se ubicaron por encima de la media fueron los cigarrillos, con un ajuste de 5 por ciento; transporte y comunicaciones, con el 3,3 por ciento, lo cual se debe a que los equipos de teléfonos celulares subieron 6 por ciento y las naftas, 4 por ciento.

Pese a que  el rubro alimentos se ubicó por debajo de la media, con 3,0 por ciento, se destacaron aumentos puntuales en bebidas sin alcohol (6 por ciento) y verduras (5 por ciento). En electrónica de consumo la suba ascendió a 2,4 por ciento en mayo. Finalmente, en el rubro vivienda no hubo alzas de servicios públicos, frenadas hasta después de las elecciones. Sin embargo, contrapesó el aumento en la renovación de alquileres. En Educación, la suba fue de 0,2 por ciento, que se explicó por el alza de útiles escolares. Las cuotas de los colegios privados habían aumentado en marzo-abril. (Pagina12)

“Fue una chicana electoralista”

El candidato a concejal de Paraná por la lista de Adán Bahl para Intendente, Sergio Elizar, destacó la decisión de la Junta Electoral Municipal de desestimar la impugnación presentada por los candidatos de Cambiemos, Walter Rolandelli y Francisco Avero, contra la candidata del Frente Creer Entre Ríos, Ana Ruberto

“Para nosotros no vale todo en una contienda electoral”, dijo a APFDigital

Cuestionó además al espacio de Sergio Varisco por “poner conos de sombra” sobre su lista y defendió la “honorabilidad” de la postulante Rechazaron la impugnación contra la candidata a concejal de la lista de Bahl.

“A nosotros esto no nos tenía preocupados pero sí sentíamos una gran impotencia porque no había razón para hacerlo, y la veíamos más como una estrategia distractiva, una forma de poner conos de sombra sobre los candidatos  y sobre nuestra lista”, se quejó Sergio Elízar.

“Hoy se ratifica y no se hace lugar a la impugnación porque está confirmada y acreditada la residencia de Ana Ruberto” acotó para acentuar que con la decisión conocida este miércoles por parte de la Junta Electoral Municipal “la discusión queda cerrada”, entre otros argumentos, por tratarse de una acción “extemporánea” la promovida por los Cambiemos.

De esta manera, “entendemos que era nada más que una chicana electoralista”, resumió el candidato a concejal por la lista de Adán Bahl y no dejó de hacer notar que se trata del espacio “que fue refrendado por el voto mayoritario de los vecinos y vecinas de Paraná”.

En declaraciones a esta Agencia, Elízar acotó también que dentro de las fundamentaciones al pedido de impugnación promovido por Rolandelli y Avero, “se golpea además la honorabilidad de una candidata, de una mujer, algo que nos generó mucha indignación”.

Tras ello sentenció el dirigente: “No vale todo en una contienda electoral para nosotros”. (APFDigital)

La Unión Vecinal se impuso en Oro Verde

La Unión Vecinal se impuso en Oro Verde. Segundo, a 528 votos quedó Cambiemos. En tercer lugar quedó la Lista 2 del Justicialismo que así se impuso sobre la 22 de la misma fuerza política.

Votó un 80% del padrón de casi 4700 electores.

 

Votantes de Cambiemos decepcionados con su gobierno

La mitad de los electores que eligieron a Cambiemos en los comicios presidenciales evalúa como “mala o muy mala” la gestión del Gobierno nacional.  El dato corresponde a un estudio realizado el mes pasado por D’Alessio Irol / Berensztein al que tuvo acceso APFDigital.

En términos generales, el descontento con la administración Macri llegó al 72%

Por primera vez desde el comienzo de su gestión, los votantes de Mauricio Macri evalúan como negativa la gestión de su gobierno. Según el relevamiento, el 50% calificó de “mala o muy mala” la administración que eligieron en las urnas y un 46% mantiene una visión positiva.

El dato saliente es que hace exactamente un año, al momento de las elecciones generales de medio término, el mismo estudio arrojó que apenas un 6% de los votantes de la alianza PRO – UCR tenía una mala evaluación del Gobierno y un 93% la consideraba entre “buena y muy buena”.

El declive del Gobierno nacional entre sus seguidores comenzó en diciembre del año pasado, luego de la votación que modificó la escala de actualización de las jubilaciones y pensiones (llegó al 20%).

Otro salto se registró al momento de la crisis cambiaria que devaluó más de un 100% el peso frente al dólar: allí la mala evaluación trepó al 33% (mayo) y llegó al 43% (septiembre) hasta alcanzar el pico de 50% del mes pasado.

En términos generales, en tanto, un 72% de la población evalúa negativamente al Gobierno nacional frente a un 26% que tiene una visión positiva.

Los votantes de Cambiemos también son pesimistas a la hora de evaluar la situación económica. Un 87% considera que está “peor o mucho peor” que el año pasado pero son optimistas sobre cómo estará en un año: un 57% entiende que será “mejor o mucho mejor”.

En términos generales, un 92% de los encuestados estima que la situación económica argentina es “peor o mucho peor” que el año pasado y apenas un 7% la considera que hubo mejoras. Las perspectivas de la población también proyectan pesimismo: el 63% estima que 2019 será “peor o mucho peor” y el 34% consigna que será “mejor o mucho mejor”.

Los datos corresponden a la medición realizada en forma online durante octubre de 2018. Se incluyeron las respuestas de 1.531 encuestados, mayores de 18 años, de todo el país. (APFDigital)

La economía cayó 4,2 por ciento en el segundo trimestre

El segundo trimestre marcó el comienzo de una recesión cuyo final nadie se anima a arriesgar. El Gobierno estima que la baja del año será del 2,4 por ciento. La contracción alcanza a la mayoría de los sectores.

La economía cayó 4,2 por ciento en el segundo trimestre en relación al mismo período del año pasado, afectada por el derrumbe de las exportaciones por la sequía del agro y la baja del consumo público, informó ayer el Indec. Se trata del peor resultado desde el tercer trimestre de 2014.

Los sectores más afectados por la baja de la actividad fueron el agro, la pesca, la industria manufacturera, el comercio y el transporte y las comunicaciones.

En tanto, la comparación frente al primer trimestre arrojó una baja del 4 por ciento. En función del impacto de la crisis cambiaria y del redoblado ajuste fiscal, se espera que el tercer trimestre (julio-agosto-septiembre) tenga un resultado todavía peor. En los primeros seis meses, la economía registra una caída del 0,5 por ciento contra igual lapso de 2017 que se irá profundizando en los meses siguientes hasta llegar a una baja del 2,4 por ciento para fin de año, según las estimaciones que el propio oficialismo presentó junto al proyecto de Presupuesto 2019.

El segundo trimestre marca el comienzo de una recesión económica cuyo final nadie todavía se anima a arriesgar. De hecho, la estimación oficial es de una caída del 0,5 por ciento “punta a punta” para fines del año que viene. Si ese cálculo se cumple, la gestión de Mauricio Macri habrá promovido un achicamiento de la economía del 1,9 por ciento en sus cuatro años de gestión.

Macri achicará la economía casi un 2% en su mandato

Hay factores coyunturales que motivaron la marcha atrás de la economía en el segundo trimestre, como por ejemplo la fuerte sequía que recortó la cosecha de soja, principal motor de la generación de divisas, con impacto sobre el sector metalúrgico y químico. También la suba de tasas de interés de los Estados Unidos y las disputas comerciales globales complicaron el escenario internacional. Sin embargo, estos factores se montaron sobre una serie de debilidades generadas o amplificadas por la gestión de Cambiemos, como por ejemplo la libertad total para la fuga de capitales, el sobreendeudamiento, la apertura comercial y la eliminación de restricciones a la liquidación de divisas. Además, la crisis cambiaria fue mal gestionada por el Banco Central y con el rescate que se solicitó al FMI, el escenario quedó completo con una severa restricción fiscal impuesta en ese acuerdo.

En la comparación interanual, el segundo trimestre arrojó una caída del 7,5 por ciento en las exportaciones, que se explica por el impacto de la sequía, que provocó una caída del 31,6 por ciento en el nivel de actividad del sector agrícola-ganadero. En tanto, el consumo público muestra una merma del 2,1 por ciento por el repliegue general del Estado a partir del achicamiento del gasto. El consumo privado se mantuvo levemente por arriba en el interanual, con 0,3 por ciento, aunque en relación al primer trimestre registró una caída del 1,1 por ciento. Es decir, la foto del consumo privado en el segundo trimestre fue apenas positiva, pero la película es negativa.

Una dinámica similar a la del consumo muestra la inversión privada. En el segundo trimestre mostró un crecimiento interanual del 3,1 por ciento a partir de la mejora del sector de la construcción y la compra de bienes de capital importados, mientras que cayó la adquisición de equipos de componente nacional. Sin embargo, si se la compara con el primer trimestre la inversión privada acusó recibo de la crisis, con una merma del 6,9.

Se espera que para el tercer trimestre la marcha de la actividad económica en general profundice su baja, a partir del mal desempeño del consumo privado y público y de la inversión privada. Una primera medida de esa proyección es la caída del 6,7 por ciento del estimador mensual de la actividad (EMAE) en el interanual de junio. El mayor deterioro económico se explica por el recorte de poder adquisitivo a partir de la aceleración inflacionaria, con impacto en las ventas en el mercado interno y, por consiguiente, en el empleo. Además, el compromiso de ajuste fiscal que reforzó el Gobierno ante el FMI comienza a tener impacto negativo sobre la obra pública, el componente que impulsó la recuperación en 2017.

El desagregado sectorial del segundo trimestre muestra una caída de la industria manufacturera del 1,8 por ciento en la comparación anual. Según el informe industrial del Indec, en junio la merma manufacturera fue del 8,1 y en julio, del 5,7 por ciento. Los sectores de peor desempeño en lo que va del año son el textil, sustancias y productos químicos, neumáticos y plásticos y la metalmecánica. En el segundo trimestre también bajó la actividad del comercio en un 1,6 por ciento. En el segmento de consumo masivo, la consultora Scentia calculó una baja del 2,3 por ciento en agosto y una caída acumulada del 0,4 por ciento en los ocho primeros meses. En cambio, el Indec midió una mejora del 8,7 por ciento en el sector de la intermediación financiera, que es uno de los grandes favorecidos, junto a las empresas de servicios públicos, por la política económica oficial.

Fuente: Página/12

Senador De Ángeli: “Voy a votar en contra del aborto.”

El senador nacional por Entre Ríos (Cambiemos), Alfredo De Ángeli, confirmó que votará en contra del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se está debatiendo en el Congreso nacional. Durante su discurso aseguró que “jamás acompañaría a una mujer en ese drama”, pero que sí lo haría en el proceso de convertirse en madre

Durante su intervención en el debate que se está llevando a cabo en el Senado de la Nación, el legislador entrerriano por Cambiemos confirmó que votará en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

“Cuando uno se entera que alguien está embarazada, la noticia se recibe con alegría y se le regala una planta.” Senador De Angeli

De Ángeli comenzó su discurso reconociendo el apoyo por parte del presidente Mauricio Macri, para que este proyecto de ley pueda ser debatido en el Congreso, y adelantó que hablar de aborto hoy en Argentina es símbolo de más libertad.

No obstante, dejó en claro que votará en contra de la IVE porque que “en el artículo 16 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos está previsto que se considera que hay vida a partir del momento de la concepción”. “Si votara a favor de esta ley, estaría faltando a mi juramento al momento de asumir como Senador. Estos son los valores institucionales que me mueven para ir a en contra”, explicó.

Respecto del rol de los legisladores, De Ángeli admitió que el Estado “ha estado ausente”, pero que “nada será igual a partir de mañana”, ya que tanto senadores como diputados de todos los estamentos deberán “trabajar fuertemente para que una mujer no tenga que llegar a la fatalidad de un aborto”.

“No podemos perder la tradición que cuando uno se entera que alguien está embarazada, la noticia se recibe con alegría y se le regala una planta, para que esa planta siga creciendo y vea la imagen de su hijo”, dijo.

En la Región Centro el nivel de insatisfacción con la marcha del país es del 75 por ciento

Un informe realizado por la Universidad de San Andrés en el mes de julio, da cuenta de que la administración nacional de Cambiemos recoge un nivel de insatisfacción del 75 por ciento en la Región Centro que integran las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Además, la desaprobación del presidente Mauricio Macri en la provincia ronda el 56 por ciento, según el relevamiento al que tuvo acceso APFDigital

En Entre Ríos, un 56 % de la población desaprueba al presidente Macri.

El nivel de insatisfacción con la marcha del país en la Región Centro llega al 75%, sumando a quienes están “muy insatisfechos” (38%) e “insatisfecho” (37%). Solamente el 23 % de los encuestados demuestra satisfacción (un 17% satisfecho y un 6% muy satisfecho).

Este guarismo está en línea con los de todo el país, donde el nivel de insatisfacción está en el 76% (44% muy insatisfecho y 32% insatisfecho) y un 22 por ciento de satisfacción. Vale destacar que en septiembre de 2017, el Gobierno alcanzó un tope de aceptación con la marcha del país al llegar a un 53% por ciento de satisfacción.

Macri desaprobado

En línea con esta medición, la aprobación a nivel nacional del presidente también cayó estrepitosamente entre octubre de 2017 (cuando se dio la victoria general de Cambiemos en las elecciones legislativas) y julio de este año, pasando del 66% al 37%, mientras que la desaprobación trepó al 61%.

En la Región Centro, el grado de desaprobación del Presidente es un tanto menor: 56% (33% que desaprueba mucho y 23% que desaprueba algo), mientras que la aprobación se ubica en el 41% (30% aprueba algo y 11% aprueba mucho).

Por otro lado, en la zona geográfica que integran Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, un 60% afirma que la situación es “peor” ahora que cuando Mauricio Macri asumió su mandato (un 17% sostiene que está igual y un 19% se inclinó por una mejora) mientras que un 58% estima que dentro de un año el escenario estará igual (23%) o empeorará (35%).

Al igual que en las categorías anteriores, los guarismos regionales marcan igual tendencia que en el orden nacional, donde un 63% de la población considera que está peor que cuando asumió Macri, un 14% igual y un 18% mejor; mientras que un 62% estima que en un año el país estará igual (21%) o incluso peor (41%) y sólo un 29% son optimistas con una mejora.

Datos técnicos

Estos son hallazgos de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. En total, fueron realizadas 1001 entrevistas entre el 7 y el 18 de Julio de 2018 a adultos de 18-64 años conectados a internet, en Argentina. La encuesta se realiza en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vía el Panel online de Netquest.

La muestra es proporcional al tamaño de las provincias (con algunos ajustes para garantizar base de lectura) y representativa a nivel de las regiones. Las provincias fueron agrupadas en 5 regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Patagonia, y Buenos Aires, dividida a su vez en: CABA, GBA e interior de la Provincia de Buenos Aires. Se aplicaron cuotas de sexo, edad y nivel socioeconómico. (APFDigital)

Con Macri la industria petrolera perdió más de 8.500 empleos

El sector perdió 4.661 empleos en el sur de Chubut y el norte Santa Cruz durante los dos primeros años de gestión Cambiemos. En Neuquén, a pesar de Vaca Muerta, se destruyeron más de 2 mil puestos de trabajo.

Según los datos suministrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del Ministerio de Trabajo de Nación, entre el cuarto trimestre de 2015 y el mismo período de 2017 se destruyeron un total de 8.544 empleos petroleros en todas las cuencas argentinas.

Según informó El Extremo Sur, los efectos se sintieron con mayor impacto en la Cuenca del Golfo San Jorge donde se perdieron 4.661 puestos de trabajo; 2.563 pertenecen a Santa Cruz y 2.098 a Chubut.

La notable destrucción de empleo petrolero en estas dos provincias se acentuó durante los dos primeros años del gobierno actual, ya que en 2016 se perdieron 2.346 empleos del sector extractivo y al año siguiente la cantidad fueron 2.315 puestos los puestos de trabajo perdidos. Siempre hubo una proporción mayor de retracción en los yacimientos santacruceños.

Hasta el cuarto trimestre de 2017 ninguna de las provincias patagónicas mostró una curva ascendente y contraria a la que se inició en la primera mitad de 2015. La única excepción fue la Cuenca Austral, ya que en Tierra del Fuego se destruyeron 140 empleos en el primer año de Cambiemos y en el segundo esa cantidad se redujo a solamente 16; totalizando 156 en dos años.

Aunque el notorio incremento de la actividad petrolera en la Cuenca Neuquina comenzó a concretarse durante 2016 como consecuencia de la puesta en marcha a toda velocidad de Vaca Muerta, la pérdida de empleos en esa región petrolera alcanzó un total de 2.313 puestos de trabajo en el cuarto trimestre de 2017 respecto del mismo período de 2015.

La Cuenca Neuquina atravesó dos procesos bien diferenciados durante la gestión de Macri, aunque aún no consiguió obtener números positivos en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo.

Es que entre el cuarto trimestre de 2015 y el mismo período de 2016, Neuquén perdió 1.885 puestos de trabajo en el petróleo, superando ampliamente a lo sucedido en la Cuenca del Golfo San Jorge. Sin embargo, al año siguiente la destrucción de empleo mermó considerablemente hasta producir una retracción de 428 empleos.

El repunte de la actividad petrolera vinculada a Vaca Muerta consiguió aminorar la caída del empleo petrolero entre el cuarto trimestre de 2016 y el mismo período de 2017; pero igual sigue habiendo menos puestos de trabajo que a finales de 2015 cuando se alcanzó el pico histórico de trabajadores en la provincia de Neuquén.

En la porción rionegrina de la Cuenca Neuquina la pérdida de empleo petrolero totalizó 587 puestos de trabajo destruidos en dos años, con la diferenciación de que 192 se perdieron en el primer año del Gobierno nacional y los 395 restantes en el segundo año. (Agencia Paco Urondo)

La UIA en alerta: Se pierden 3000 puestos de trabajo industriales por mes

Por Ariel Maciel

Los empresarios industriales advirtieron que la recesión fabril que promete instalarse en el segundo semestre del año provocará la pérdida de miles de empleos que ya empezaron a manifestarse en distintos rubros en crisis. Según informes internos de la UIA, la contracción en los puestos de trabajo se multiplicó a un promedio de 3.000 por mes, lo que elevaría para fin de año a más de 90.000 la caída desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri.

Cuando se vuelvan a ver las caras los integrantes de la Junta Directiva de la entidad, habrá caras largas y muchos reproches ante la “inacción” del Gobierno ante la “débil” situación de la cadena de producción industrial. El efecto ya golpea a gran parte de actividad fabril, más allá de la “grave situación” de los denominados “sectores sensibles”.

Según las estadísticas oficiales publicadas por el Indec, la actividad industrial comenzó a mostrar la fase en retracción con una caída del 1,2% en comparación interanual. Pero los datos serán contrastados con realidades de distintas regiones. Por caso, en Santa Fe la caída de la producción en las fábricas fue del 3,4%, lo que implicó un estado de alerta general que unificó voces de quejas contra la gestión Cambiemos.

La pérdida de producción implicó la reducción de puestos de trabajo en las fábricas. Y si bien desde el Gobierno elogiaban el crecimiento del empleo total, el reemplazo del empleo industrial fue por un incremento de los monotributistas. “Ya se observa un aumento en la morosidad del pago en Afip porque no hay mercado interno para las fábricas ni para el empleo semi informal”, se quejó un importante dirigente industrial de la UIA.

Según los cálculos de los departamentos técnicos de la casa fabril, el efecto en la economía diaria de cada empleado industrial significa en impacto de consumo a cuatro monotributistas. “Es claro que la caída del consumo generó una retracción en la producción y en las ventas, que no sólo afectó a las fábricas sino que retrajo toda la economía. Era de esperar que el monotributo también se vea afectado”, explicó una fuente técnica.

Los industriales temen que la crisis en las fábricas contagie un clima social conflictivo afuera de las fábricas, y que profundice la retracción del consumo, en un círculo que generará una parálisis total. Las economías regionales saben que el impacto de los recortes que sufrirán por el Pacto Fiscal entre el Gobierno y las provincias les restará competitividad porque “se multiplicarán los impuestos subnacionales para poder cumplir con las cuentas locales.

Los empresarios esperan que de la crisis consigan alguna medida a favor, como la nueva ley Pyme que anunció el Gobierno. Y si bien una reforma laboral es una de las opciones que dejaron entrever fuentes oficiales, los industriales temen que una medida antipopular los ponga en presunta sintonía con el Ejecutivo y los enfrente con los sindicatos, justo cuando ambos actores del sector privado exploran la posibilidad de ponerse del mismo lado para enfrentar el fantasma del desempleo en línea con el cierre de miles de pymes, según confiaron algunas fuentes de la UIA.

 

Fuente: Diario BAE

Narcotráfico: Quedaron detenidos el concejal Pablo Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira

Luego de las indagatorias, el juez Ríos dispuso la detención del edil del HCD y de la Subsecretaria de Seguridad. Además exigió al intendente Sergio Varisco que se reporte al juzgado cada viernes y cuando salga de la provincia por más de 72 horas.

Luego que el Juez Federal Leandro Ríos realizara las indagatorias, además de la disposición de múltiples allanamientos a dependencias municipales de Paraná, dispuso la detención del concejal Pablo Hernández, del bloque Cambiemos, y de la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira. Además exigió al intendente Sergio Varisco que se reporte al juzgado cada viernes y cuando salga de la provincia por más de 72 horas.

La decisión se conoció este lunes, luego de las imputaciones por el secuestro de 3,5 kilos de cocaína y una libreta con anotaciones, que ratificaron la línea de investigación y los vínculos que Agenda Abierta viene denunciando entre el narcotráfico con el poder político local de la capital provincial.

Durante las primeras horas de la mañana, se dieron allanamientos por los menos en seis oficinas municipales, como la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección General de Sistemas y Comunicaciones, Dirección General de Despacho de la Presidencia Municipal, Dirección de Cómputos, la Dirección de Liquidaciones de Haberes Municipales y la Tesorería General, donde se recolectó distinta documentación para la causa. En último turno declaró la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, también detenida por disposición de Ríos.

Fuente: Agenda Abierta

 

“Niños que están a menos de 500 metros de zona fumigada tienen daños genéticos”

Los estudios se realizaron en el departamento Uruguay. Compararon casos de niños de escuelas rurales con alumnos de ciudades. “Es el primer análisis demostrando el efecto” de los agroquímicos, se indicó a Elonce TV.

Impulsados por la campaña Paren de Fumigar las Escuelas y con el aporte de científicos y universidades públicas, en el departamento Uruguay se llevaron adelante estudios para establecer los daños genéticos en niños que viven a menos de 500 metros de zonas de fumigación con agroquímicos.

La docente Mariela Leiva confirmó al programa El Despertador de Elonce TV que los primeros resultados de los estudios realizados corroboraron que “los niños que están a menos de 500 metros de la zona de fumigación tienen daños genéticos. Lo nuestro es el primer análisis que tiene la causa demostrando el efecto”, resaltó.

Explicó que para efectuar el cotejo se “extrajo material de chicos que estaban a menos de 500 metros de las zonas fumigadas y, por otro lado, de niños de las ciudades”.

La educadora puso de relieve que “el daño genético puede traer aparejadas distintas enfermedades a lo largo de su vida”.

Leiva recordó que tras el caso de la escuela fumigada en San José “surgió un caso similar en Maciá, donde la docente terminó hospitalizada, en observación. Estuvimos prestándole nuestra solidaridad y ofreciéndonos en lo que podemos aportar desde nuestro lugar. La Fiscalía de Rosario del Tala decidió no investigar porque la fumigación estaba a más de 100 metros. Si tuvo síntomas es porque el producto llegó hasta la escuela”, recalcó.

Leyes

Interrogada sobre el tratamiento de la norma que busca regular las aplicaciones de agroquímicos en la provincia, la docente contó que “estuvimos reunidos para brindarles a los diputados las herramientas con profesionales técnicos que trabajan con nosotros. Nos decían que querían tener la convicción y la sabiduría para votar esa ley. Llevamos a los especialistas y el último ciclo, el presidente de la Cámara, nos dijo que el bloque del Partido Justicialista iba a votar en forma negativa esa ley, al igual que algunos diputados de Cambiemos. Queremos ser optimistas. Creo que el 8 de mayo se va a votar. Estaremos esperando la votación”, completó. (Elonce.com)

Las relaciones carnales entre ERSA y el Gobierno municipal de Paraná

La foto viralizada en redes sociales muestra la familiaridad entre el gerente de la empresa colectivos, Roberto Albizu y Reinaldo Zamero, uno de los contadores que debía evaluar la viabilidad del 65% de aumento del boleto en el marco del Órgano de Control.

por Pablo Urrutia

El Municipio de Paraná acaba de anunciar que este año el boleto de colectivos de la ciudad aumentará un 65%. La cifra es escandalosa, excepto para los concejales del oficialismo y del bloque UNA – Frente Renovador, y los técnicos del Órgano Integral de Monitoreo y Control (SITU), que a pesar de su pomposo nombre es la instancia administrativa previa para darle curso a los incrementos que la empresa ERSA Urbano dispone, el Ejecutivo respalda y traduce en un proyecto de ordenanza que puesto a consideración del Concejo Deliberante, se aprueba por mayoría simple.

Contador designado en el Órgano Integral de Monitoreo y Control (SITU) por el bloque de concejales de Cambiemos, Reinaldo Zamero (izq.) y Roberto Albizu, gerente de ERSA Urbano (der.)

 

 

 

 

Una fotografía que recientemente comenzó a circular en las redes sociales, da cuenta de la estrecha relación entre el gerente de ERSA Urbano, Roberto Albizu, y algunos actores determinantes en las decisiones gubernamentales que implican una situación dominante de la empresa en detrimento de los usuarios.

El concejal Luis Díaz, representante del bloque Una – Frente Renovador en el SITU, explicó con claridad que el nuevo cuadro tarifario del Servicio Urbano de Pasajeros en Colectivos, “responde a un pedido formulado hace meses por las empresas concesionarias, en virtud que el valor del boleto al día de hoy está por debajo de la media que rige en todo el país”. Y para despejar toda duda, acotó que los representantes de los ciudadanos en el órgano “no hicimos una sugerencia sobre precios, sino más bien un dictamen sobre recorridos”.

Desde luego, los concejales no tienen facultades para determinar precios del boleto, pero son los que elaboran junto a los otros integrantes del Órgano el dictamen, no vinculante, que luego es elevado al Ejecutivo para su consideración. A su vez, son quienes pueden mediar entre los ciudadanos, el Ejecutivo y la empresa, para lograr mejoras que favorezcan a los usuarios. El argumento de que se aumenta exponencialmente el costo del boleto y por ende el monto de los subsidios que el Estado Municipal destina a sostener las tarifas especiales es porque las tarifas están atrasadas en relación a la media que rige en el país es, por lo menos, pobre.

Sobre ese punto, Díaz indicó que para elaborar el dictamen “se tomó en cuenta el análisis técnico aportado por especialistas en costos convocados para el caso”.

La composición del SITU da cuenta por sí misma de la posición favorable que tiene la empresa a la hora de solicitar los aumentos de tarifas. Lo engorroso surge cuando son los usuarios quienes reclaman mejoras en el servicio que encabeza el ranking de quejas ciudadanas, junto con la telefonía celular. De hecho, no tienen representación directa en el órgano, más que la que pueden aportar el Defensor del Pueblo, un técnico y un concejal por la minoría.

A saber, el Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU) está conformado por 13 integrantes, de los cuales, 4 son funcionarios del Ejecutivo; 4 son los especialistas en materia de costos o transporte, mencionados por el concejal Luis Díaz, de los cuales uno es nombrado por el Ejecutivo, otro por la empresa prestataria del servicio público, y los dos restantes por la mayoría y la minoría en el Concejo Deliberante; a su vez, hay tres concejales, uno por cada espacio, aunque este año debió haber cuatro, ya que el bloque de Cambiemos sufrió una escisión con la creación del bloque Paraná de Pie; completan la grilla, un representante de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y el Defensor del Pueblo de la ciudad de Paraná.

No resulta difícil inferir que a la hora de establecer las relaciones dentro del SITU, la empresa cuenta con una posición favorable debido a que cuenta con la mayoría por el apoyo tácito del Ejecutivo. Los cuatro funcionarios, más el representante del gremio de los choferes están de ese lado, a los cuales se suman el concejal del oficialismo y el del bloque UNA – Frente Renovador, Gainza y Díaz, quienes han hecho público su apoyo a la decisión de aumentar el costo de la tarifa. No así el integrante por el bloque del Frente para la Victoria, concejal Enrique Ríos y el defensor del Pueblo, Luis Garay.

Pero, como bien dijo el concejal del FR, son los especialistas en costos o transporte quienes aportan el análisis que justifica o no el aumento solicitado por la empresa concesionaria del transporte público de la ciudad y en base al cual, los integrantes políticos de la mesa elaboran el dictamen. En ese esquema, la mayoría a favor de la empresa, es abrumadora. De los cuatro especialistas, uno es designado por el Ejecutivo Municipal; otro por la empresa; el tercero por la mayoría en el HCD y el cuarto por la minoría en ese órgano legislativo. Se puede imaginar que en su calidad de técnicos, “los especialistas en costos o transporte” detentarían cierta objetividad fría a la hora del estudio de la propuesta empresarial, pero eso sólo en el plano de lo imaginario.

Si hasta aquí, por correlación de fuerzas y por lobby, uno podía interpretar cierta posición dominante de la empresa dentro del órgano que debe decidir, entre otras cosas, la viabilidad o no de los aumentos tarifarios de un servicio público, esa situación se vuelve clara y obscena cuando aparecen fotos de uno de los “especialistas” comiendo un asado con el gerente general de ERSA Urbano.

Los de la foto son el contador Reinaldo Zamero, designado en el Órgano de Control por el bloque de concejales del oficialismo, y Roberto Albizu, gerente general de empresa concesionaria del transporte público colectivo de la ciudad de Paraná. Está claro que no se trata de un asado de camaradería o en el marco de un evento empresarial, si no de una situación bien íntima y de entrecasa.

Entonces, si la posición actual de la empresa a la hora de imponer incrementos del 65% anual en el costo del pasaje se sugería favorable en el segmento político del órgano que debería ejercer algún tipo de control sobre el servicio, en el espacio concreto del aval a ese aumento, es decir, del “análisis técnico aportado por especialistas en costos convocados para el caso” es de lisa y llana connivencia.

La empresa dentro del Estado

Roberto Albizu es gerente general de ERSA en la ciudad de Paraná, prácticamente desde la llegada de la empresa a la capital entrerriana, cuando dejó de lado sus aspiraciones políticas para pasar al sector privado. Justamente, su carrera en política la inició de la mano de la familia Varisco, siendo uno de los fundadores del MUR, sector interno del radicalismo que conduce el actual intendente Sergio Varisco y funcionario en dos gestiones, siempre ligado al área de transporte.

Con el retorno de Varisco al Gobierno de la ciudad, Albizu incrementó su poder de lobby a favor de la empresa que el año pasado volvió a quedarse con la concesión del transporte público colectivo, al presentarse bajo la formalidad de una UTE con la empresa Mariano Moreno, como única oferente.

La situación del transporte en la capital entrerriana es cuasi monopólica. De hecho, las supuestas diferentes empresas que operan, no compiten entre sí, y en los hechos responden al unicomando de ERSA. Actúan como una sóla empresa porque en los hechos, lo son.

Albizu, es la empresa dentro del Estado. Ha logrado impulsar funcionarios en el marco de la gestión que lleva adelante su amigo personal y actúa como una especie de asesor externo. No es lo que se dice un todo terreno, ya que su campo de acción es sólo el del transporte y desde allí ha logrado hacer prevalecer los intereses de la empresa a la cual representa, aunque últimamente apuesta a diversificar las prestaciones de ERSA hacia el Municipio. En nota anterior, dimos cuentas de la existencia de un plan de negocios para privatizar el servicio de recolección de residuos urbanos que pasaría a estar en manos de Logística Urbana Sociedad Anónima (LUSA) empresa a través de la cual el Grupo ERSA realiza el servicio privado de limpieza y recolección, por ejemplo, en Córdoba.

Con el dinero de los contribuyentes

ERSA Urbano presta en Paraná un servicio, a todas luces, deficiente. Los coches con accesibilidad para personas con movilidad reducida prácticamente no existen, a pesar de ser un reclamo sostenido en el tiempo por las distintas gestiones y de haber sido una de las banderas del oficialismo durante la formulación del pliego de condiciones para la licitación del servicio que volvió a quedar en manos de la empresa correntina. Los cambios en los sentidos de circulación de las calles céntricas y la reubicación de las paradas decididos por el actual Gobierno local, más la falta de mantenimiento, dejaron sin garitas a los vecinos, que aguardan los coches a la intemperie y en lugares no aptos para la espera. El anuncio reciente del cambio en los recorridos dejó al descubierto la posición ventajosa de ERSA frente a los usuarios y el reclamo de los vecinos postergó su implementación.

Ante la insistente demanda ciudadana de que se mejoren las frecuencias y se respeten al menos los horarios publicados por las diferentes líneas en sus páginas web, se avanzó en una solución llamativa. Los choferes incrementaron la velocidad del transporte, lo que convierte a los vehículos en una batidora donde su sobrecarga en los horarios picos hace penoso viajar en colectivo en la ciudad, pero al menos, se cumple con las frecuencias. Esta mejora a medias, y a costa de la incomodidad y el riesgo de los usuarios es el único paliativo logrado hasta el momento.

Pocas empresas de servicios cuentan con la posibilidad de cobrar el servicio antes que este se concrete. Tal es el caso de los colectivos desde el momento de la implementación del sistema prepago de tarjetas magnéticas. Una ventaja más para la prestataria a la cual debe agregarse el sistema de subsidios del Estado y el modo en que es gestionado, por ejemplo, por ERSA. Sin una ostensible mejora del servicio desde hace alrededor de dos años, la empresa ha obtenido millonarias sumas por esa vía, no sólo del Estado nacional, si no también del Municipio y sin embargo, vuelve a ajustar su tarifa sobre el bolsillo de los usuarios.

El negocio de ERSA, según ejemplos locales y de otras ciudades, parece redondo. Quedarse con servicios públicos que antes eran prestados por empresas estatales (Córdoba), cooperativas o asociaciones locales (Paraná), para luego empobrecer la prestación del mismo para abaratar costos y bajo el argumento de la nula rentabilidad gestionar y exigir subsidios al Estado. Sin embargo, por ejemplo, tan solo en el primer trimestre del año, el monopolio Ersa/Mariano Moreno recibió 52 millones de pesos en concepto de uno de los subsidios directos que recibe; lo que significan alrededor 17 millones de pesos por mes durante los primeros tres meses de 2018. Esa suma supera holgadamente, de hecho triplica, lo que la empresa destina al costo laboral, es decir, el pago de sueldos. Uno de los argumentos para aplicar un incremento del 65% en el costo general del boleto, 55% en breve y 10% en julio, es el pago de la actualización de los salarios a los trabajadores. En febrero pasado, la UTA firmó el acuerdo paritario que implica un aumento en cuotas del 15% para este año.

Fuente: Agenda Abierta

Cerraron 37 tambos. La Sociedad Rural culpa a Macri

La crisis de la lechería viene terminando con pequeños y medianos tambos de Entre Ríos, en general, y de Nogoyá, principal departamento productor, en particular. Desde la Sociedad Rural admiten “desilusión” por el gobierno nacional.

La situación que enfrentan los productores de leche en Entre Ríos es dramática, al punto que entre 2016 y 2017 sólo en el departamento Nogoyá, la principal cuenca lechera entrerriana, cerraron 37 tambos, en su mayoría de pequeños y medianos productores. María Guadalupe Vivanco, presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, cuestionó que “tenemos un gobierno que no nos da soluciones, no nos ayuda. Continúa el desamparo”

“Tenemos un gobierno que no nos da soluciones, no nos ayuda. Continúa el desamparo”. María Guadalupe Vivanco, presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá

La dirigente, además, remarcó que la sequía ha provocado “un impacto enorme” y estimó que la producción de leche “ha caído un 30%” por lo menos, razón por la cual la institución que preside, junto a la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), su entidad madre, ha pedido la urgente declaración de la emergencia agropecuaria.

Crisis tambera

La lechería, que “tiene la responsabilidad de sostener a cientos de pueblos del interior” según subrayó Vivanco, viene de “un año catastrófico” según describió la ruralista, quien precisó que entre 2017 y parte de 2016, en la zona de Nogoyá, cerraron 37 tambos de pequeños y medianos productores, si bien hay que aclarar que varios de esos tambos estaban alquilados.

“Es dramático porque se trata de familias de varias generaciones de productores de leche. Miles de familias viven directa e indirectamente de los tambos. En el caso del departamento Nogoyá un 35% de los tambos son tambos-queserías, y del total de tambos del departamento el 80% son familiares”, agregó la dirigente de la SRA.

“Gran desilusión” con Macri

“Esa gente se viene a los pueblos, pero se viene con pobreza. Esto hay que detenerlo de alguna forma”, expresó, aunque no admitió que las expectativas del sector con el gobierno de Cambiemos fueron frustradas. “Hay una gran desazón, una gran desilusión. Tenemos un gobierno que no nos da soluciones, no nos ayuda, no nos brinda reglas claras, no baja la presión fiscal”, lamentó Vivanco.

Si bien aclaró que “hay que decir que el campo viene relegado desde hace muchos años”, aseguró que en la Sociedad Rural de Nogoyá “sentimos que continúa el desamparo a la producción en el campo. Miro a este gobierno y miro a los anteriores y ninguno le ha dado al campo el lugar que se merece como motor de la economía del país”.

Para la ruralista nogoyaense, “es importante que se tome conciencia que la crisis de la lechería es económica pero también es social, y tiene un impacto directo en las familias, en la sociedad. Son miles los puestos laborales que se pierden cuando se cierran los tambos y se profundiza el desarraigo rural”, remarcó.

 

 

Fuente: Dos Florines

Ex combatientes de Malvinas criticaron al Gobierno y rechazaron vuelos a las islas

“El Gobierno del Presidente Mauricio Macri denota ineludiblemente un alineamiento para favorecer la iniciativa británica e intereses de CEOS amigos con posibilidad logística de participar en negocios en el Atlántico Sur”, aseguraron.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas – CECIM La Plata rechazó la decisión del Gobierno Nacional “en posibilitar nuevos vuelos hacia Malvinas desde terceros países, ello facilitaría mecanismos para una mejor explotación de recursos en territorios usurpados en el Atlántico Sur a la República Argentina”.

En un comunicado emitido por la Cancillería Argentina 053/18 fechado el 16 de Febrero de 2018, se informó que “en el marco de las relaciones bilaterales y con el espíritu de proponer acciones positivas en temas de interés común, la Argentina y el Reino Unido han realizado gestiones conjuntas ante los gobiernos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a fin de invitar a compañías aéreas de dichos países a operar un vuelo semanal hacia las Islas Malvinas”.

“A partir de la llegada a la presidencia de la Nación de Mauricio Macri, se evidencia una política que nos aleja del camino hacia la recuperación de nuestro ejercicio soberano en el Atlántico Sur, que se manifiesta en los acuerdos firmados el 13 de Septiembre de 2016 por la cancillería Argentina y Británica, donde el PEN promueve violar la Constitución Nacional y leyes vigentes que protegen a los argentinos de las explotaciones ilegales de hidrocarburos y pesca, facilitándoles cada vez más la usurpación”, aseguraron los ex combatientes.

La política que está desarrollando el gobierno argentino sobre la cuestión Malvinas, es similar a la recorrida en los años 90 que posibilitó al enclave neo-colonial-militar instalado en nuestras Islas Malvinas.

Y siguieron: “Este acuerdo que la Cancillería argentina quiso disfrazar como ‘comunicado de prensa’, implicó la consumación de una serie de inobservancias, sino vulneraciones flagrantes, a la Constitución Nacional, diversas Leyes Nacionales vigentes y ha sido rechazado por la mayoría de los bloques con representación parlamentaria. Desde la gestión de Susana Malcorra hasta el sucesor actual Jorge Faurie, no han dado explicaciones ante el Congreso Nacional quien tiene las atribuciones y la potestad de aprobar los acuerdos internacionales”.

Desde CECIM La Plata, destacaron: “Al PEN no se le puede escapar el desarrollo de las prácticas ilegales que empresas extranjeras desarrollan en nuestra plataforma continental, con la anuencia de un Estado que ejerce una posesión ilegal, ilegítima y colonial sobre el territorio argentino que le genera miles de millones de divisas en detrimento de los intereses del pueblo Argentino. De esta forma, cualquier acto emanado de un funcionario que tienda a convalidar, saludar, autorizar o ser condescendiente con dichas prácticas resulta ilegal y arbitrario”.

Y siguieron con las críticas a Cambiemos: “La política que está desarrollando el gobierno argentino sobre la cuestión Malvinas, es similar a la recorrida en los años 90 que posibilitó al enclave neo-colonial-militar instalado en nuestras Islas Malvinas, desarrollar el potencial de auto sustentabilidad con nuestros bienes naturales. En una primera fase con recursos ictícolas, actualmente la segunda fase, explotación hidrocarburífera, planificando la tercera fase, que es la proyección sobre nuestro sector Antártico”.

Por último, describieron que “el Gobierno del Presidente Mauricio Macri denota ineludiblemente un alineamiento para favorecer la iniciativa británica e intereses de CEOS amigos con posibilidad logística de participar en negocios en el Atlántico Sur”.

Fuente: agencia Paco Urondo

Panorama Económico: Lo mejor ya pasó

El poder adquisitivo del salario se ubicará en marzo en su punto más bajo en siete años

por David Cufré

El Gobierno solo podría evitar la caída salarial si la inflación del primer trimestre fuera inferior a un promedio de 1,5 por ciento mensual. Con los aumentos anunciados de electricidad, gas, transporte, telefonía celular, medicina prepaga, educación privada y combustibles, entre otros, las estimaciones más conservadoras anticipan un alza de precios durante el verano de no menos de 2 puntos en promedio por mes. La Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) indicó que en ese caso “el salario real alcanzaría en marzo un nivel que, en comparación al mismo mes de cada año, sería el más bajo desde 2011”, situación que se producirá ya con un incremento del IPC de 1,5 por ciento mensual. Es decir, el retroceso que se produjo en la capacidad de compra de los asalariados en los primeros dos años de gestión de Mauricio Macri será más pronunciado cuando se haya consumido una cuarta parte de 2018.

El salario real alcanzaría en marzo un nivel que, en comparación al mismo mes de cada año, sería el más bajo desde 2011

La respuesta del Gobierno frente a ese deterioro es pretender imponer un techo a las paritarias del 15 por ciento. Los despidos a granel en la administración pública y la identificación del sindicalismo con la corrupción que las autoridades nacionales pusieron en el primer plano de la agenda mediática son funcionales a ese objetivo. Más allá de que consiga o no fijar el techo del 15 por ciento, claramente la estrategia oficial descarta una recuperación del salario como fuente de estímulo para el crecimiento económico este año. La rebaja en los aumentos a jubilados y titulares de la seguridad social con el cambio de la ley de movilidad va en la misma dirección. La política económica no logró contener la inflación, está hundiendo el consumo de los trabajadores y regaló rentabilidades extraordinarias al capital financiero con las altas tasas de interés. El fracaso de ese modelo para las mayorías populares no produjo sin embargo una corrección en el rumbo, que por el contrario volverá a aplicarse con mayor intensidad en los próximos meses. El resultado, con las mismas decisiones, será el mismo fracaso.

El Gobierno pretende imponer un techo del 15 por ciento en las paritarias

“¿Lo mejor ya pasó?”

Se pregunta el último informe de FIDE al analizar el panorama para 2018. Lo “mejor” fue el rebote del segundo y tercer trimestre de 2017 en comparación con la aguda recesión de 2016. Ya la última parte del año pasado empezó a marcar una desaceleración del crecimiento según surge de datos oficiales y estimaciones privadas. La razón es que los principales factores que permitieron una recuperación del PIB que solo alcanzó para compensar la pérdida del primer año de mandato de Cambiemos -pero igualmente con más desempleo, más desigualdad social, menos salario, menos poder de compra de las jubilaciones, importantes sectores productivos en crisis, déficit externo record, elevado déficit fiscal y aumento exponencial de la deuda pública- han empezado a desvanecerse.

Lo “mejor” fue el rebote del segundo y tercer trimestre de 2017 en comparación con la aguda recesión de 2016

“La mejora del salario real y la inversión pública que se produjeron en el segundo y tercer trimestre de 2017 perdieron impulso”, destaca el documento de la Fundación que conduce la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. “La inflación anual superó todas las previsiones y se ubicó en 24,8 por ciento, al tiempo que el incremento del PIB difícilmente supere en 2017 el 2,8 por ciento acumulado hasta octubre”, agrega. “Esta lentificación de los niveles de actividad y consumo se proyecta inercialmente para 2018. El Gobierno maneja una hipótesis de aumento del PIB de 3,5 por ciento, pero no hay ningún dato objetivo que habilite a pensar que este año será mejor que el anterior. Ya no se dará el efecto ‘rebote’ que predominó en 2017 y, de acuerdo a los datos presupuestarios, el estímulo fiscal por la vía de la inversión pública se reducirá. En lo que hace a la inversión privada, siguen sin aparecer señales ni condiciones que auguren un rol más dinámico de esta variable. Por su parte, el recorte de subsidios económicos con su contracara en término de aumento de tarifas promete repetir el impacto negativo sobre el ingreso disponible del sector privado. Por el lado de la demanda externa tampoco se advierten razones para esperar una recuperación de las exportaciones. No ayuda el retraso cambiario acumulado, pero menos aún las condiciones de la economía internacional, donde se espera un crecimiento moderado del comercio global y regional y un estancamiento en las cotizaciones de los productos agrícolas”, completa la descripción del escenario para los próximos meses.

La inflación anual superó todas las previsiones y se ubicó en 24,8 por ciento

Lentificación del crecimiento

La conclusión en base a ese diagnóstico es que “la inercia de la actual situación conduce a una lentificación del crecimiento, no a una intensificación como proyecta el oficialismo”. De hecho, las estimaciones de consultoras privadas identificadas con la política económica y organismos internacionales promedian un 2,5 por ciento de avance del PIB este año. “A nuestro juicio -advierte el paper de FIDE-, tal previsión solo estaría garantizada si mediara una recuperación relevante en la masa salarial que empujara el consumo interno. Sin embargo, ese escenario no parece consistente con la agenda de reducción del costo laboral que el Gobierno aspira a encarar desde varios frentes de la política pública”, completa. Es decir, aquel modesto 2,5 por ciento de expansión puede resultar difícil de alcanzar con los planes que va descargando el equipo económico. De acuerdo a los análisis de distintos consultores, desde Orlando Ferreres a Emmanuel Alvarez Agis, el arrastre estadístico que deja 2017 para este año ronda 1 punto del PIB, por lo cual la evolución real de la economía en 2018 será de un virtual amesetamiento que no permitirá revertir las tensiones crecientes del modelo ni problemas graves como la desocupación y las crisis sectoriales.

La principal y casi única variable a la que se abocó el Gobierno en estos dos años fue el control de la inflación. Los resultados están a la vista

La principal y casi única variable a la que se abocó el Gobierno en estos dos años fue el control de la inflación. Los resultados están a la vista. Desde que Alfonso Prat Gay dijo en noviembre de 2015 que el gobierno de Macri subiría el dólar oficial y eso no tendría impacto en la inflación porque los precios ya estaban fijados al valor del dólar blue, en 15 pesos, el IPC acumuló un aumento de 73 puntos porcentuales. En noviembre de ese año, con el anticipo de la devaluación, el índice de inflación porteño escaló a 2,0 por ciento, y con el salto cambiario ya concretado, fue del 3,9 por ciento en diciembre. Luego la inflación llegó a 41,0 por ciento en 2016 y fue de 26,1 por ciento en 2017 (24,8 según el nuevo IPC nacional del Indec). La única receta para enfrentar la suba de precios, pese a todo, siguen siendo las metas de inflación y el manejo de la tasa de interés. Como se ve, esos instrumentos no han resuelto el problema y más bien ayudaron a engendrar otros más graves como parte de una política de apertura al capital especulativo. A esta altura, el ancla salarial, el aumento de las importaciones, el ajuste del gasto público y un consumo deprimido parecen ser las verdaderas alternativas oficiales para contener la escalada de precios. Es un esquema en el que algunos pocos sectores concentrados pueden salir ganando, pero para la mayoría otra vez lo peor está por venir.

Página 12
Imagen: EFE

Señalan los límites de la actual política económica

“El que tiene un excedente le conviene más ponerlo en la bicicleta financiera que invertirlo en empleo”

La ex presidenta del Banco Central, en comunicación con Gustavo Sylvestre, analizó la realidad económica y financiera tras el cambio en las metas de inflación anunciado por el Gobierno. Para Marcó del Pont, la tasa de las Lebacs plantea una “encerrona” para Cambiemos porque está latente el riesgo de que el mercado se vuelque masivamente al dólar, y se dispare su precio.

La semana pasada el Gobierno anunció el cambio en las metas de inflación de manera que ampliaron a 15% las expectativas de suba de precios para 2018. Esta semana podría ser decisiva por la determinación de una posible baja en la tasa de interés de las Lebacs, en medio de una escalada del dólar.

“El Banco Central ha perdido capacidad soberana para definir tipo de cambio y tasa de interés y es el mercado quien le marca la cancha permanentemente”

Para analizar todos estos temas de la economía, Mañana Sylvestre convocó a Mercedes Marcó Del Pont, ex presidenta del BCRA. La economista embistió contra la “timba financiera” que a su juicio afecta al país, y planteó la dificultad que jaquea el manejo de las variables, porque si se baja demasiado la tasa de Lebacs, hay riesgo de una nueva suba cambiaria.

Fracaso del tipo de cambio

Para Marcó del Pont el reciente cambio en las metas inflación del BCRA se relaciona con el “fracaso de todo el manejo monetario y del tipo cambi

En este sentido, habló de una virtual “encerrona” en jaquea al Gobierno porque “probablemente bajen ligeramente la tasa” y “muchos argentinos que están vendiendo dólares para comprar lebacs dejarían de hacerlo. La situación es delicada”.

“El que sigue teniendo un excedente le conviene más ponerlo en la bicicleta financiera que invertirlo en empleo”, deslizó.

Sin embargo, aclaró que “esto no es una corrida porque hoy el BCRA tiene espaldas para intervenir”, en virtud del respaldo de dólares que hoy tiene el Tesoro.

A la vez advirtió por la fuga de capitales que hoy está “disimulada con el ingreso de dólares especulativos”, y se mostró pesimista a futuro porque “más tarde o más temprano esto termina en una crisis con el sector externo”.

 

Fuente: Blog de Gustavo Sylvestre