Los gobernadores se comprometieron a reducir los impuestos de ingresos brutos y de sellos, se fijaron objetivos de ajuste fiscal y subirán el impuesto inmobiliario. Las provincias desistirán de sus demandas contra la Nación. San Luis no firmó el acuerdo.
por Werner Pertot
Tras la firma hubo sonrisas, pero lejos de los micrófonos los gobernadores se quejaron de que se privilegió a Vidal.
Hubo fumata blanca. El gobierno nacional firmó con las provincias el Consenso Fiscal, con la sola excepción de San Luis, que no aceptó bajar sus litigios (ver recuadro). Las otras provincias recibirán bonos a cambio de deponer los 59 juicios, por cerca de 340 mil millones de pesos. En el documento que firmaron, los distritos se comprometieron a reducir progresivamente sus impuestos de ingresos brutos y de sellos (este último, hasta su eliminación). También a cumplir metas de ajuste fiscal. El gobierno de María Eugenia Vidal recibirá 40 mil millones de pesos el año próximo y 65 mil millones en 2019 (año electoral) como actualización del Fondo del Conurbano. El acuerdo insta a las provincias a aumentar sus impuestos inmobiliarios y a hacer converger la valuación fiscal con la de mercado. Los gobernadores incluyeron también un acuerdo sobre las jubilaciones (ver página 4). Junto con el acuerdo que selló con la CGT en la Sociedad Rural, el Gobierno festejó una segunda victoria política.
Ajuste para muchos, beneficios para pocos
El tramo final de la negociación entre los gobernadores y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, comenzó a las 9 de la mañana. En las horas que quedaban antes del encuentro del Presidente, formularon un mecanismo compensatorio a futuro para las provincias que bajasen sus juicios contra la Nación y se comprometieron a devolver los fondos de la Anses a aquellas provincias que ya tenían un fallo a favor de la Corte Suprema (Santa Fe, Córdoba y San Luis). Fue el final de semanas de negociaciones duras que continuaron hasta poco antes de que Macri se sentara junto a los gobernadores a firmar el extenso acuerdo, cuyos puntos salientes son:
<strong>Fondo del Conurbano</strong>: la gobernadora Vidal obtuvo una actualización que implicará 40 mil millones el año próximo y 65 mil millones en 2019. “Hoy es un día histórico”, sonrió la mandataria. El dinero provendrá de las arcas nacionales, sin que los otros gobernadores hayan planteado más objeciones, dado que les quita la espada de Damócles que Vidal les colgó cuando fue a la Corte Suprema a pedir un fallo que hubiera implicado recortes masivos de la coparticipación federal. Como para completar el mensaje, la semana pasada la gobernadora se sacó una foto con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. La estrategia tuvo efecto. Como parte de la ingeniería de este acuerdo, el impuesto al cheque pasará a financiar a la Anses mientras que se coparticiparán los fondos del Impuesto a las Ganancias.
<strong>Metas fiscales</strong>: los gobiernos van a adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal que enviará el Gobierno al Congreso. Implica metas de reducción progresivo del déficit fiscal para que “las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años”. Además, se comprometieron a negociar un acuerdo similar para que lo cumplan los municipios.
<strong>Impuestos provinciales</strong>: Los distritos se comprometen a disminuir sus impuestos por el equivalente al 1,5 por ciento del PBI en cinco años. Para Ingresos Brutos, hay un cronograma de reducciones hacia 2022 según la actividad. Por ejemplo, las mineras tendrán un 1,5 el año próximo, 0,75 en 2019 y a partir de 2020 quedarán exentas. En cambio, la telefonía celular podrá tributar hasta un 7 por ciento el año que viene y bajará a un 5 por ciento en 2022. El acuerdo prevé “desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios” y también quitar impuestos a “los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país”. En tanto, el impuesto de sellos se reducirá a 0,75 por ciento en 2019, a 0,5 en 2020, a 0,25 en 2021 y se eliminará en 2022.
<strong>Impuesto inmobiliario</strong>: para compensar las pérdidas que esto producirá en las arcas provinciales, el Gobierno nacional los impulsó a subir el impuesto inmobiliario. Se comprometieron a que “las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado”. Para esto un organismo federal –que no se especifica– va a avanzar en estos aumentos con la colaboración de las provincias, que deberán entregar todos los datos catastrales que se les soliciten. El documento plantea “fijar alícuotas del Impuesto Inmobiliario en un rango entre 0,5 y 2 del valor fiscal establecido”.
<strong>Juicios</strong>: todos (excepto San Luis) dieron de baja los 59 juicios contra el Estado nacional por 340 mil millones de pesos. A cambio, recibieron un bono a 11 años con un interés del 6 por ciento por cinco mil millones de pesos en 2018 y 12 mil millones de pesos en 2019. Además, los distritos recibirán los ingresos que entren por la Ley de Revalúo Fiscal.
Sonrisas forzadas
Quedaron varios puntos pendientes como declaraciones de intención. Entre ellos, una Ley de Modernización del Estado, que afectaría las plantas de empleados públicos; la forma de eliminación de las jubilaciones de privilegio y “establecer un mecanismo eficiente de negociación y compensación de deudas y créditos recíprocos, entre el Estado nacional y las jurisdicciones que aprueben el Consenso, por reclamos no alcanzados por los desistimientos previstos este Consenso”. Tiene una fecha límite para resolver esas disputas: 30 de junio de 2018.
Los gobernadores firmaron el acuerdo que les permite escapar a las consecuencias de la caída del Pacto Fiscal de 1993, que impuso el entonces superministro Domingo Cavallo, y que se caía en diciembre de este año. En el Gobierno, no quisieron adelantar qué medidas tomarán hacia San Luis, que no firmó el acuerdo y que podría perder fondos federales a partir de enero del año que viene.
El resto de las provincias tienen tiempo hasta diciembre de 2019 para adaptarse a los principales puntos del nuevo pacto fiscal, al que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, calificó de “histórico” en la conferencia de prensa posterior a la firma del acuerdo. Allí los gobernadores se congratularon de haber alcanzado el final de la negociación, si bien el malestar de fondo persiste, pero lejos de los micrófonos. “Hubo una clara ganadora: Vidal. El resto, al menos, no fuimos grandes perdedores. Algo nos compensaron”, se consolaban en una de las gobernaciones.
Ante las cámaras, todo fue sonrisas forzadas: “Lograr el desistimiento de la provincia de Buenos Aires al juicio por el Fondo del Conurbano le saca un peso o una amenaza a las provincias, porque hubiera perjudicado al conjunto de las provincias”, respiró aliviado el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. “Es la primera vez que en un pacto fiscal no se resigna federalismo. Es la primera vez que los gobernadores sentimos que no perdemos”, sostuvo la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, en cuya provincia los trabajadores del rubro electrónico tendrán los salarios congelados hasta junio de 2020.
Origen: Página 12
