Los acontecimientos que vive el país nos exigen decir una palabra en el nombre del Dios de la Vida. Creemos que no debemos callar y no rendirle culto a la cautela cuando se trata de la vida o la muerte de los pobres.
Nos preocupan la acelerada disolución del estado de derecho, de las garantías constitucionales y la instalación de un virtual “Estado Policial”. Es sumamente preocupante la militarización de la Patagonia en pos de defender los intereses de los terratenientes e inversores extranjeros por encima de los derechos de la población y, dentro de ella, los derechos ancestrales de los pueblos indígenas protegidos por la Constitución Argentina. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según la ley. La sangre de Santiago y Rafael clama al cielo y será un peso en la conciencia del Estado que solo se ha encargado de producir relatos fantásticos, difamaciones, mentiras y ha herido la dignidad y el buen nombre del pueblo mapuche y la familia Maldonado.
Más preocupante aún es la vuelta a un discurso autoritario y represivo que creíamos superado y protegido por la dinámica democrática que tanto nos ha costado construir después de la sangrienta dictadura cívico-militar del ’76. A la ya denunciada presión intimidatoria sobre los jueces y la Procuraduría y la permanente violación de la división de poderes que este gobierno ha impuesto como costumbre, se agrega la instalación de un poder represivo con atribuciones por encima de la justicia y los jueces. La ministra de seguridad dice que “va a creer a la versión de las fuerzas de seguridad” sin necesidad de probar nada y que “ya no tienen límites”. Según el diario Clarín, el presidente Macri afirmó que “hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse” “hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural”.
La dictadura cívico-militar usó la misma lógica para desaparecer personas. El gobierno instala la hipótesis del enemigo interno, culpa de la violencia a grupos virtuales creados por el relato mediático y nos va llevando a un peligroso y perturbador límite entre la democracia y el caos autoritario, cuyo extremo puede llegar al terrorismo de estado. Es el regreso del relato de la doctrina de la seguridad nacional, condenada por el magisterio latinoamericano de la iglesia e instalado a través de las dictaduras militares de los ‘70, que reivindica un modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas, elimina derechos y se instala desde una matriz militar-represiva, más allá de que este sea un gobierno en apariencia democrático.
El saqueo del país y la exclusión de las mayorías a través de las falaces reformas laboral, previsional y tributaria, que no son más que la institucionalización del trabajo esclavo, la transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado, la pérdida de derechos adquiridos, la retirada del Estado de su rol de protector y garante del acceso a los derechos fundamentales del ser humano, es lo que caracteriza a este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos visto en democracia retrotrayéndonos a los peores momentos de nuestra historia.
Es por eso que exhortamos a los legisladores y dirigentes sindicales a defender los derechos de trabajadores y jubilados, y a detener la depredación de los recursos previsionales destinados a las arcas de los prestamistas y al negocio privado de muchos funcionarios del Estado que mantienen la doble vara de gerentes de capitales privados, naturalizando el conflicto de intereses. Apoyamos de corazón la lucha de los espacios sindicales y las asociaciones de trabajadores que han manifestado en el Congreso para detener esta sangría de recursos y derechos de los argentinos.
Repudiamos la represión a los legítimos dueños de la tierra usurpada por millonarios extranjeros y los consiguientes negocios mineros o inmobiliarios y la sistemática mentira de los Medios de Comunicación cada vez más ajenos a la verdad, la sensatez y los aportes para la paz que tanto pregonan.
Nos solidarizamos con las ya numerosas víctimas de este gobierno irresponsable: los 44 tripulantes -cuyo paradero se desconoce todavía- del ARA San Juan, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los 10 muertos de Iron Mountain, Milagro Sala y sus compañerxs presxs políticxs, y tantos otros.
Tiene razón el oficialista senador Pichetto. “Los curas tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios”. Y justamente la vida ultrajada de Rafita, el desfalco a los abuelos y trabajadores que está previsto por este gobierno en el ajuste disfrazado de reforma, el robo de la Patagonia por los extranjeros amigos de Macri a nuestro pueblo mapuche y a todos los argentinos, son “cosas del Dios” que nos mostró Jesús, el amigo de los pobres y excluidos… Ese Dios que Pichetto quisiera que viva en la sacristía, pero está en el cerro esquivando las balas asesinas y en las calles con nuestro pueblo reclamando justicia social.
Esperamos del episcopado argentino un apoyo público a la defensa de los derechos de la población en peligro, una condena pública del manejo autoritario y elitista de las fuerzas de seguridad y la solidaridad con las víctimas de este modelo neoliberal condenado por el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia.
Curas en la Opción por los Pobres
Noviembre 2017
