derechos humanos

“Es necesaria una reforma judicial feminista en Argentina” explicó Marisa Herrera

La Dra. en Derecho, Marisa Herrera, habló con el programa Zorras que se emite por Emisora Regional 97.3 sobre la Reforma Judicial feminista, una iniciativa que va ganando espacio en los ámbitos del derecho en una Argentina atravesada por las nefastas consecuencias del lawfare y de las cotidianas injusticias de parte de un poder de la República que debería velar por los derechos de los ciudadanos.


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La Semana de la memoria en Oro Verde

En el marco de la Semana de Memoria que conmemora el golpe de Estado cívico, empresarial, eclesial y militar del 24 de marzo de 1976, la agrupación Silvia Wollert de Oro Verde llevará adelante las siguientes actividades:

  • 24 de marzo. 17 hs. Museo “Conrado Hasenauer” de Oro Verde (Los Tordos y Los Sauces). Se plantará un árbol en memoria de Silvia Wollert y los 30.000 compañeros desaparecidos. Además, en dicho museo, se inaugurará un espacio dedicado a Silvia Wollert.
  • 27 de marzo. Desde las 20 hs. En el Paseo de los trenes (calle Los Tordos) se realizará la “Jornada x 30.000 razones”. Con bandas en vivo (Gabi y Abi Damonte, Lunáticos Diamantes, Éter y Lo Que Faltaba), stencils para pintar y feria de libros usados (Pueblos Libros). Habrá servicio de cantina a beneficio de Pedro Roth.

Dada la situación de pandemia de Covid-19 para asistir a los eventos es necesaria la previa inscripción on line porque es con capacidad limitada por protocolo preventivo. Para inscribirse hay que seguir este enlace: https://www.eventbrite.com/e/jornada-por-30-mil-razones-tickets-146959561003

Enacom entregó tablets a organizaciones de curas villeros

(ARG / Red Federal) El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) realizó la entrega de 250 tablets del Programa +SIMPLE orientado durante la pandemia a instituciones cuyo fin es contribuir con la inclusión social y educativa de los jóvenes de los sectores mas carenciados.

Durante el acto estuvieron presente el presidente del organismo, Claudio Ambrosini; el jefe de gabinete, Ariel Martínez; y el director de Director Nacional de Fomento y Desarrollo, Pablo Urquiza quienes hicieron entrega al padre José María “Pepe” Di Paola las tablets con fines educativas y comunitarios.

“Estamos muy agradecidos con la iniciativa de ENACOM para llevar la conectividad a los barrios populares. Hoy recibimos 250 tablets y en el futuro recibiremos más que van a ir directo a la gente de nuestros barrios” destacó el Padre Pepe. (ARG / Red Federal)

AGMER celebra el nuevo fallo de la Justicia contra los agrotóxicos

El decreto del Ejecutivo que redujo las zonas de exclusión y restricción para las fumigaciones en cercanías de escuelas rurales fue declarado nulo por inconstitucional e ilegal. Así lo estableció el fallo por el amparo colectivo que como AGMER promovimos.

La Comisión Directiva Central de AGMER manifiesta su satisfacción ante el nuevo fallo judicial que declara inconstitucional del decreto del Ejecutivo provincial por la aplicación de agrotóxicos en cercanías de las escuelas rurales. Se trata del quinto fallo consecutivo con que la Justicia da la razón a las organizaciones sociales que venimos planteando nuestras preocupaciones y advertencias frente a un modelo productivo irrespetuoso de la salud y los derechos ambientales de toda la población.

[bctt tweet=”El decreto del Gobierno de Entre Ríos que redujo las zonas de exclusión y restricción para las fumigaciones en cercanías de escuelas rurales fue declarado nulo por inconstitucional e ilegal.” username=”emisoraregional”]

El juez Virgilio Galanti declaró la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto provincial 2239 con que el poder Ejecutivo redujo sustancialmente las distancias de zonas de exclusión y restricción al momento de arrojar agrotóxicos –sea vía aérea o terrestres -en cercanías de escuelas rurales.

Desde la Comisión Directiva Central de AGMER sostienen que: “Como impulsores del amparo colectivo que promovimos en resguardo de las comunidades educativas, entendemos que este nuevo fallo es un triunfo en la disputa que venimos dando. Es momento ahora de avanzar en una discusión pública respecto del modelo productivo que nuestra provincia y nuestro país están dispuestos a sostener, en vez de dilatar la implementación de políticas en este sentido con apelaciones y nuevas instancias judiciales.”

En el nuevo fallo conocido Galanti establece que las distancias de fumigación se redujeron “sin la previa realización de los estudios” que permitan fijar pautas para el uso racional de agroquímicos. Y consideró que los artículos 2, 3 y 4 del decreto deben ser declarados inconstitucionales e ilegales. Se trata justamente de aquellos que fijan las zonas de exclusión y de restricción para la realización de fumigaciones.

[bctt tweet=”La Justicia consideró que los artículos 2, 3 y 4 del decreto deben ser declarados inconstitucionales e ilegales. Son que fijan las zonas de exclusión y de restricción para la realización de fumigaciones.” username=”emisoraregional”]

La CDC de AGMER afirma en el texto enviado que: “Una vez más, hemos ganado una batalla, aportando a un debate público impostergable que se está dando en todo el país. En ese debate, la lucha que llevamos adelante en Entre Ríos contra un modelo que envenena se ha convertido en modelo y referencia, sentando jurisprudencia que hoy se cita en los tribunales de todo el país, especialmente donde se sufren los efectos dañinos de este modelo de producción.”

El comunicado de AGMER lleva la firma de su Secretario General, Marcelo Pagani, Ana Delaloye, Sec. Adjunta, Guillermo Zampedri y Mario Bernasconi, Secretario de  Derechos Humanos de la Comisión Directiva Central.

Fundamento del fallo judicial

En el Articulo 2º del decreto gubernamental se buscaba establecer como “zona de exclusión”, en donde no se pudieran realizar aplicaciones de plaguicidas, a un radio de cien (100) metros para el caso de aplicaciones terrestres y quinientos (500) metros para aplicaciones aéreas, respecto del casco de las escuelas rurales.

En el Artículo 3º, se pretendía establecer un “área de restricción” en donde se prohibieran las aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios dentro del radio de quinientos (500) metros contados desde el límite de los cien (100) metros, establecidos en el Artículo 2º.

En tanto, el Artículo 4º, también declarado nulo e ilegal, se intentaba establecer un “área de restricción” donde se prohibieran las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios de clase toxicológica Ia, Ib y II dentro del radio de tres mil (3.000) metros contados desde el límite de los quinientos (500) metros, establecidos en el Artículo 2º, en esta Área podrán realizarse aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios de clase toxicológicas III y IV conforme la nomenclatura proporcionada por el SENASA.

Argumentos

Entre las justificaciones, Galanti sostiene que en Artículos anteriormente mencionados no se respeta lo dispuesto en los puntos 1º, 2º y 3º de la sentencia del Vocal de Sala II de la Cámara Civil y Comercial, Oscar Benedetto, en lo que consigne a la protección ambiental y de derechos humanos.

Además, asegura que los Artículos en cuestión “transgreden en primer término los arts. 1, 5, 65, 186, 203 de la Constitución de Entre Ríos; los arts. 1, 18, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y art. 25, pto.2 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 33 de la Ley General del Ambiente”.

Por último, sostiene que transgreden “los derechos humanos y de protección ambiental que dimanan del mismo fallo firme contenidos en lo dispuesto en los arts. 41 y 33 de la Constitución Nacional; Ley General del Ambiente Nº 25.675; arts. 18, 19, 22, 83, y 84 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos; y arts. 3, 24 inc. e) y concs. de la “Convención de los Derechos del Niño”; arts. 4 inc 1., 5 inc. 1, y 19 y conc. de la “Convención Americana de Derechos Humanos”; art. 12 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”; arts. 1º, 2º, 3º, 5º, 8º, 21º y conc. de la Ley nacional Nº 26061, y Ley provincial Nº9861 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes; y arts. 2, 3, 14, 1710 y 1711 y concs. del Código Civil y Comercial” (Emisora Regional)

Sábado 23: Recital musical y poético

Entrerrianas es un espectáculo en el confluirán músicas y poesía. Se presentará en el Encuentro Memoria y Derechos Humanos: “De la lucha por la memoria, la verdad y la justicia a la ampliación de derechos” y será en La Vieja Usina el sábado 23 de marzo a la 21, con entrada libre y gratuita.

“Entrerrianas” se llama la propuesta de estas cuatro músicas oriundas de Larroque, San Benito, Hasenkamp y Federal, que se encontraron en la música y la poesía, un tipo de comunicación especial para crear este recital; ellas son Celia Taffarel (Canto y guitarra), Miriam Gutiérrez (Bandoneón y voz), Araceli Tano (Canto y guitarra) y Silvia Teijeira(Piano). La cita es este sábado 23 de marzo a las 21 hs, de manera libre y gratuita.

Las intérpretes, compositoras y arregladoras recorren la provincia y el país desde hace varios años, así como también el extranjero, con actuaciones como solistas, en agrupaciones.

El espectáculo se realizará en el marco del Encuentro Memoria y Derechos Humanos, con la intención de articular la problemática de la lucha y la resistencia política, la construcción de la memoria histórica y la defensa de derechos de la ciudadanía, organizado por el Gobierno de Entre Ríos, la FCEDU y organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos. El recital es también parte de la agenda de actividades previstas por el Mes de las Mujeres organizada por la Secretaría de Turismo y Cultura del gobierno provincial.

Musicalidad de las palabras

El recital se articula con poesías recitadas que introducen a cada una de las artistas en su actuación solista. Como broche de oro del recital, todas confluyen en torno a la belleza de los ritmos propios de la provincia.

Cada una de las músicas, que además son docentes, interpretarán temas solistas propios y de otros autores/as nacionales, así como recitados de obras de poéticas argentinas y de países hermanos.

Reclaman en la calle por el “Melli” Valenzuela Negro

Paraná, 02 ago (APFDigital) En el marco de la 10º Edición de Teatro x la Identidad, este viernes se realizará una intervención artística de la que participarán 400 personas con el propósito de “simbolizar cuantitativamente el plan sistemático de apropiación de bebés que ejecutó el terrorismo de Estado”. El 6 de agosto comienza el juicio, se informó a APFDigital.

En esta causa se juzgará la responsabilidad de los médicos, dueños de la mencionada institución que entregaron al Melli Valenzuela – Negro, después de haber sido derivado junto a su hermana Sabrina, de la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Paraná.

“Ponele el cuerpo a la búsqueda del Melli. Si querés participar, comunicate al 343-4611122 o el 343-5040901, o escribinos un mensaje privado”, dice la convocatoria que Hijos Paraná envió a esta Agencia.

El 6 de agosto comienza el juicio

El 6 de agosto comenzará el juicio contra los médicos propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), acusados de haber participado del robo de bebés durante la última dictadura cívico militar.

Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi deberán rendir cuentas en juicio oral y público desde el 6 de agosto, en el marco de la causa Melli

“Costó mucho llegar hasta esta instancia. Innumerables recursos legales, actos, manifestaciones y hasta un escrache en la casa de Torrealday, que hicimos el año pasado en el marco del encuentro nacional de Hijos”, dijeron desde la Agrupación Hijos, y destacaron que “la presión del movimiento de derechos humanos, víctimas y familiares finalmente dio como resultado una fecha precisa para este juicio tan postergado”.

“Será el momento para que el Poder Judicial determine las responsabilidades de los tres acusados, cómplices civiles de la dictadura, que pusieron al IPP a disposición del plan sistemático de robo de bebés”, dijeron en un comunicado enviado a esta Agencia. “Por esa institución pasaron en marzo de 1978 dos bebés recién nacidos, hijos mellizos de los compañeros detenidos desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Raquel había sido trasladada a Paraná desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, para parir en el Hospital Militar. De allí fueron trasladados ambos al Instituto de Pediatría y luego entregados a manos desconocidas. Con la beba mujer, Sabrina, pudimos reencontrarnos en 2008. El destino que tuvo el Melli varón todavía es una incógnita”, manifestaron luego.

Una vez más, exigimos saber: ¿a quién le entregaron el Melli?

“Será esta también la oportunidad, una más, para que los médicos se decidan a romper el pacto de silencio que mantienen desde la época de los hechos y aporten información precisa para la búsqueda del niño apropiado, quien hoy es un hombre 40 años que todavía vive en un mundo de mentira. Una vez más, exigimos saber: ¿a quién le entregaron el Melli?”, agregaron.

Luego afirmaron: “Desde el 6 de agosto estaremos acompañando a Sabrina, a sus hermanos Sebastián y Matías, y a los y las testigos que brindarán testimonio ante el tribunal unipersonal integrado por Roberto López Arango, para seguir aportando al proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Convocamos al pueblo y sus organizaciones a sumarse a esta construcción popular de la justicia”.

“En este momento también recordamos a nuestro compañero Guillermo Germano, quien en 2005, siendo coordinador del Registro Único de la Verdad, realizó la denuncia que permitió iniciar la investigación, que posibilitó la restitución de la identidad de Sabrina Gullino Valenzuela Negro y que todavía hoy, 13 años después, sigue dando sus frutos”, manifestaron por  último. (APFDigital)

El decreto que recorta asignaciones familiares “Es inconstitucional y arbitrario”

Así lo afirmó el diputado nacional Julio Rodolfo Solanas (FpV – Entre Ríos) quien, acompañado por otros siete diputados nacionales, presentó un proyecto de Resolución en el que dispone “rechazar el Decreto N°702/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, sobre Asignaciones Familiares” por considerarlo “absolutamente inconstitucional y arbitrario”.

Además Solanas enfatizó que “Es una vulneración y regresión de las políticas públicas en materia de protección de los derechos humanos”, apuntó. Ante esto, solicita “suspender la ejecución del mismo a los efectos de que no se consagren decisiones ilegítimas que comprometen los recursos y la subsistencia de las familias trabajadoras”.

“En un momento donde las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional impactan enormemente sobre la población de menores recursos, el Ejecutivo refuerza su mirada centralista y anti federal, poniendo en igualdad de condiciones a todos los beneficiarios de asignaciones familiares, dejando de lado las diferentes realidades del país donde el costo de vida es más alto y las temperaturas son implacables”, cuestionó Solanas.

“Con este Decreto, el Estado ha incumplido con una obligación de naturaleza “negativa” -principio de no regresividad- que consiste en una prohibición de adoptar normas jurídicas cuya aplicación afecte el nivel de protección ya adquirido por sus ciudadanos, y sobre todo por quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son sus niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

Criticó además que “esta medida se suma a un largo derrotero de medidas en perjuicio de los sectores más vulnerables: los discapacitados, los jubilados y ahora la zonificación de las asignaciones familiares, que en algunos casos llega a una reducción del 50 por ciento del beneficio”

En este contexto, señaló datos de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que sostiene que “la ANSES, al cancelar la zonificación del beneficio, recortaría recursos por un total de 9.500 millones de pesos sólo durante el transcurso de este año”. “De esta manera se prevé que el impacto será soportado especialmente por trabajadores de economías familiares o jornaleros que son empleados temporales en esas zonas desfavorables, donde el recorte por asignación alcanzará al 50 por ciento del monto actual del beneficio. En cuanto a la  población que afecta la medida, se ha establecido, que la población comprometida en las cuatro zonas afectadas (sólo por la eliminación de los extra) equivale a unos 450.000 casos”, alertó el legislador.

Por todo esto, en su Proyecto de Resolución Solanas pidió “rechazar en todos sus términos el Decreto N°702/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, sobre Asignaciones Familiares, el cual es manifiestamente inconstitucional y arbitrario, en razón de disponer modificaciones que importan una flagrante vulneración y regresión de las políticas públicas en materia de protección de los derechos humanos (art. 75, incisos 19, 22 y 23 de la C.N.; 26 de la Convención  Americana sobre los Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales)”.

En consecuencia, solicita “al Poder Ejecutivo Nacional, en virtud del vicio grave y manifiesto del Decreto 702/2018, se sirva suspender la ejecución del mismo, a los efectos de que no se consagren decisiones ilegítimas que comprometen los recursos y la subsistencia de las familias trabajadoras”.

Qué se modifica

Con el Decreto N°702 el gobierno nacional elevó el mínimo y bajó el máximo para acceder al cobro de las asignaciones familiares. Además unificó el valor de las asignaciones en todo el país, eliminando el beneficio para “zonas desfavorables” que cobraban un adicional por zona inhóspita, el que alcanzaba a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas del norte.

El Decreto fue firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña, que fundamentaron que no pueden tener ventajas los chicos de Patagonia o del NOE.

Hasta ahora, el monto general era de 1.578 pesos para los trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos y ascendía a entre 3.155 y 3.407 pesos para los registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta, entre otras zonas.

Dividir para reinar, un viejo artilugio del imperialismo

por  @CarlosLeiggener

Bases militares en Argentina

Los hechos son el único operador que nos permite analizar una situación. Son tan testarudos, que no pueden ubicarse en ninguna categoría, más que las generadas por el suceso propiamente dicho.

La agudización en las luchas interimperialistas a nivel mundial, llevó a las potencias a reforzar su control en Latinoamérica. Gran Bretaña fortaleciendo su posición en las Islas Malvinas y su paso a la Antártida y reafirmando el acuerdo que en su momento firmó la canciller argentina Susana Malcorra en septiembre de 2016 con el ministro para las Américas de la Commonwealth británica Alan Duncan.

Estados Unidos proyecta las bases militares en Neuquén, Misiones, Salta y Tierra del Fuego. Allí está cerca de Vaca Muerta, la Triple Frontera, el triángulo del litio, y el acceso al Mar Argentino y la Antártida, respectivamente.

Estos movimientos, como no puede ser de otra manera, generaron una fuerte unidad de organizaciones del pueblo, que luchan para que el imperialismo no ponga su pata militar en el territorio.

El nuevo decreto presidencial

Pero sucedido esto, y cuando empieza haber consenso para profundizar las luchas en todo el territorio sudamericano contra la presencia de las potencias extranjeras, el presidente argentino impulsa un decreto que pone a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

Automáticamente, las organizaciones de derechos humanos, convocan a la militancia a rechazar esta medida y la militancia asocia esto al terrorismo de Estado vivido en la década de 1976.

El decreto firmado por Macri, modifica fundamentalmente otro decreto promovido en su momento por la ministra de Defensa Nilda Garré. Fue cuando se impulsó el operativo Escudo Norte. Ya ahí, se pensaba en las fuerzas armadas, como apoyo logístico en tareas de seguridad interior. Por eso el decreto 683/2018 modifica artículos del 727/06, aunque no aspectos de fondo.

De hecho son pocas las palabras y/o conceptos que se modifican. El decreto impulsado por Macri saca la palabra Estado de la agresión externa, agrega el actuar de las fuerzas ante agresiones contra la libertad de sus habitantes y, aparte de la Organización de Naciones Unidas, suma “otros organismos internacionales y Operaciones en Apoyo a la comunidad Nacional e Internacional”. Y un punto no menor, del que poco se habla, es que deroga el decreto Nº 1691 del 22 de noviembre de 2006. Allí se establecía, entre otros puntos, las misiones de la Defensa Nacional: como la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de apoyo a la comunidad nacional o de países amigos y la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de un Sistema de Defensa Subregional.

¿Conclusión? El nuevo decreto, con sutilezas, da lugar a que las Fuerzas Armadas se encarguen de temas como el narcotráfico, las pone en función de organismos internacionales más allá de la ONU y deroga los puntos del rol de las fuerzas en un sistema de defensa Subregional, terminando de enterrar cualquier posibilidad suramericana de defensa del Cono Sur.

Asuntos pendientes

Por un lado, es cierto que las Fuerzas Armadas no están para dirimir conflictos internos y que eso está claro en la Ley de Defensa sancionada en abril de 1988. También en la de Inteligencia (Nº 25.520, sancionada en noviembre de 2001) y la de Seguridad Interna (Nº 24.059, sancionada el 18 de diciembre de 1991).

Pero por otro lado es cierto que el imperialismo (décadas anteriores visto como potencia Extranjeras) ha desarrollado nuevas formas de intromisión a los territorios (ciberataques, ciberterrorismo, etc). Aunque también están los aspectos económicos-financieros, los culturales-informativos que se nos aparecen ante los ojos no como coerción sino consenso, como los denominados soft-power (poder blando). En lugar de invadir, aparecen por dentro de la propia comunidad haciendo que sea complejo señalar al enemigo. Algunos denominan esto como la guerra de cuarta generación o de baja intensidad. Es la forma del capital global financiero para la nueva guerra.

Por lo tanto, queda pendiente -como sociedad- de qué manera generar sistemas de defensa de la soberanía en un momento en que las distintas fracciones del capital financiero global -que se expresan en muchos casos como potencias extranjeras- está desarrollando hasta sus fuerzas aeroespaciales. Incluso China tiene, también en Neuquén, su base aeroespacial que le permite triangular información para establecer posición y comportamiento de los satélites en órbita, central en el escenario de guerra aeroespacial (tanto Trump, China y Rusia armaron su flota en este sentido).

Pero siempre lo nuevo tiene algo diferente a lo viejo, que lo hace particular y distinto a la repetición secuencial de la historia.

En este contexto, el eje de los derechos humanos y el rechazo a los militares, nos vuelve a poner internamente en un problema complejo. Al igual que el 2 X 1 del 10 de mayo del año pasado cuando se repudió la liberación de genocidas por un fallo de la Corte Suprema; en este caso nos llevan nuevamente a una historia muy cara para nuestro pueblo y nos ofrece de esa manera solo la opción de estar de una u otra vereda. Divide la columna del pueblo que va junta hoy, por la misma calle; ya que se enfrenta a distintas fracciones de su enemigo principal.

Este decreto pone nuevamente la tensión entre pueblo y militares, deslegitima el rol de las Fuerzas Armadas -casi desmanteladas en sus recursos humanos y materiales durante las décadas de neoliberalismo- y desvía el eje central puesto en la militarización de las potencias extranjeras en suelo suramericano.

A los fines de no alimentar antinomias, como organizaciones libres del pueblo tenemos que rechazar el uso interno de las Fuerzas Armadas, pero fundamentalmente poner el eje en la No injerencia de Potencias Extranjeras en nuestro territorio, No a las Bases militares yankis, No a las Bases Aeroespaciales chinas, No al acuerdo con Gran Bretaña y la usurpación de las Islas Malvinas. Ningún imperialismo, de ninguna forma, en nuestro continente.

Dicho esto, regionalizar y federalizar en todo el continente suramericano jornadas de lucha contra el imperialismo. Construir el eje principal en torno al enemigo principal, para no alimentar una antinomia (conflicto secundario), promovida y orgánica al interés imperial del “divide y reinarás”.


Información complementaria:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122503/norma.htm

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116997/norma.htm

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/188532/20180724

https://elmegafono.net/4365/2018/07/13/

https://elmegafono.net/4489/2018/07/20/

Senadores peronistas rechazaron el uso de militares en la calle

El Bloque de Senadores del Frente para la Victoria impulsa una declaración a través de la que manifiesta su “rechazo a la derogación del Decreto nacional 1691/2006, que establecía los criterios estructurales del Instrumento de Defensa Militar de la Defensa nacional”.

Para los legisladores el decreto “rompe los consensos de la democracia”

Los senadores fijaron posición ante la decisión del presidente Mauricio Macri de involucrar a las Fuerzas Armadas de la Nación en acciones de impacto interno. “El cambio de paradigma ha movilizado a numerosos sectores en todo el país”, señalaron, al tiempo que informaron que “en la capital entrerriana habrá una marcha que ha sido convocada para este jueves 26 de julio a las 17 en la Plaza Primero de Mayo”.

“El decreto derogado establecía que las fuerzas armadas estaban circunscriptas a ‘conjurar y repeler toda agresión externa perpetrada por Fuerzas Armadas de otro Estado’, como criterio definidor y determinante de ‘la forma en que el Estado Argentino procura la salvaguarda y protección de los valores y bienes de la Nación, generan y se corresponden con una particular y específica Política Militar’”, indicaron.

Los senadores Nancy Miranda, Miriam Espinoza, Daniel Olano, Ángel Giano, Lucas Larrarte, René Bonato, Pablo Canali, Aldo Ballestena y Mario Torres, también se posicionaron contra la modificación del Decreto Nacional 727/2006, al reformular los artículos 1º, 3º, 23º, 27º e insertar el 24º bis y mediante los cuales se revalúa el accionar de las Fuerzas Armadas, promoviendo su injerencia en cuestiones de Seguridad Interior.

Una vez tratado este reclamo será enviado al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Defensa de la Nación; al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Rompen consensos de la democracia

Para los senadores del oficialismo entrerriano, con este decreto “se cambian ejes que surgieron de un acuerdo general democrático, iniciado en su oportunidad por el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín con motivo del retorno de la democracia y la flagrante prueba que significara nada menos que la peor dictadura del período 1976-1983”.

“Momentos claves requieren de decisiones acordes; y eso fue lo sucedido desde el primer momento de la asunción del gobierno democrático”, argumentaron al sostener su posición y señalaron que con acciones destempladas como las desplegadas por Macri “se rompen consensos de la democracia”. (APFDigital)

Movilización en rechazo al decreto sobre Fuerzas Armadas

La Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos convoca el jueves 26 a las 17hs en Plaza 1ro de Mayo para rechazar y manifestar su oposición al decreto presidencial pretende dar a las Fuerzas Armadas funciones relacionadas con la seguridad interior. Hecho que constituye una violación el Estado de Derecho.

En la convocatoria que hace en todas las plazas de Argentina, la Multisectorial señala que: “Nuestra legislación establece que el uso de las mismas solo debe ocurrir en el caso de amenazas de origen externo y cualquier intento de modificar esta realidad debe pasar por el Congreso de la Nación y el justo consenso del pueblo argentino.”

El movimiento argentino de Derechos Humanos con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es quien articula el llamado a la movilización “para frenar este nuevo atropello.”

Ya hoy por la mañana llegó a esta mesa de redacción un audio de Tati Almeida anticipando la convocatoria para este jueves en todo el país.

La convocatoria a la movilización se hace bajo la consigna #FuerzasArmadasRepresivasNuncaMas

“El diputado Arce no tiene autoridad moral para hablar, él me obligó a abortar”

En un video, una ex pareja del diputado formoseño Mario Arce afirmó que “fue forzada a abortar clandestinamente” y sufrió violencia física y psicológica por parte del legislador.

El diputado nacional por Formosa Mario Arce (Cambiemos), quien ya anunció su voto en contra la despenalización del aborto, fue señalado como “hipócrita” por María Eugenia Suárez, artista plástica y ex pareja del formoseño.

Mediante un video, Suárez apuntó que Arce y ella mantuvieron una relación cuando eran estudiantes universitarios, entre 1997 y 1998. “Durante este período esta persona ha ejercido violencia física, psicológica y también me ha obligado a abortar clandestinamente en una clínica privada de la ciudad”, señaló Suárez.

Según Arce, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo es “inconstitucional” y configura “una afrenta de violación de los derechos humanos” por “privar la vida de una persona”. Suárez se refirió en duros términos al actual diputado: “Encarna la hipocresía de aquellos que dicen defender la vida. Arce ha decidido sobre mi cuerpo y ahora pretende decidir, con su voto en contra, sobre el cuerpo y la vida de miles de mujeres, adolescentes y niñas del país”.

“Mario Arce no tiene ningún tipo de autoridad ética, moral y política para decidir sobre esta ley, su propia vida lo demuestra”, concluyó la artista. (Agencia Paco Urondo)

Julio Solanas “Expresamos nuestro compromiso con los intereses del pueblo trabajador”

El Diputado Nacional Julio Solanas participó el martes 1 de mayo, de los actos organizados en la Ciudad de Concepción del Uruguay para conmemorar el Día del Trabajador.

En el marco del acto realizado en la Asociación Personal del INTA de Concepción del Uruguay del que participaron referentes de diversos gremios de la ciudad, dirigentes y militantes de agrupaciones entrerrianas, el legislador expresó “En este día, mi abrazo fraternal a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, de la Provincia de Entre Ríos” y haciendo referencia a los despidos continuó “También nuestra profunda solidaridad con las compañeras  y compañeros a quienes el gobierno nacional ha puesto fin a su trabajo; nuestra solidaridad sincera con quienes han recibido el telegrama de despido estos días. Nuestro repudio sincero a un gobierno insensible que no comulga con los intereses del pueblo trabajador”.

Solanas presentó días atrás un proyecto de repudio ante los miles de despidos que día a día se producen en distintas áreas del Gobierno Nacional y en el sector privado. En ese sentido, manifestó que los despedidos “sin lugar a dudas se constituyen en víctimas de un Estado que con violencia e insensibilidad vulnera los derechos humanos fundamentales”.”Desde diciembre de 2015 hasta la fecha miles de trabajadoras y trabajadores argentinos han perdido su empleo y sólo durante el año 2018 superan los 2200 en la órbita del gobierno nacional” precisó.

A su vez, el diputado entrerriano quien ya manifestó su rechazo frente a la reforma laboral pretendida por el gobierno nacional enfatizó “Hoy como cada día manifestamos  nuestro compromiso con los intereses de todo el pueblo pero fundamentalmente con las trabajadoras y trabajadores que son nuestra Patria”.

“El trabajo como ordenador social no puede ser vulnerado ni tomado como acción de descarte. Rechazamos la enorme cantidad de despidos que ha provocado la zozobra del pueblo” afirmó el legislador y para finalizar agregó “Hoy más que nunca reivindicamos el rol histórico del movimiento nacional, popular y democrático al que pertenecemos y homenajeamos a las trabajadoras y trabajadores por su lucha y organización a lo largo de la historia”.

El STJ y el Municipio trabajarán juntos para intervenir en situaciones de violencia familiar y de género

El Superior Tribunal de Justicia y el Municipio de Oro Verde firmaron esta semana un convenio en el que acuerdan desarrollar actividades comunes para una mejor difusión y aplicación de políticas de Estado, y la coordinación de la actuación en materia de Violencia de Género en la ciudad universitaria. Buscan optimizar y mejorar la respuesta institucional, intensificando el trabajo que llevan adelante desde las áreas que intervienen para satisfacer la demanda social en estas temáticas.

El Convenio Marco de Colaboración entre el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y el Municipio de Oro Verde, se firmó el miércoles 25 de abril, entre el Presidente del STJ, Dr. Emilio Castrillón y el Intendente de Oro Verde, Ing. José Luis Dumé. Fue previamente aprobado por el máximo tribunal provincial en su reunión de Acuerdo General Nº 7/18 – Punto Séptimo del 27 de marzo de este año.

Puntos centrales del convenio

Entre las principales líneas de acción  se destaca el desarrollo de un trabajo conjunto para intervenir en situaciones de violencia familiar y contra la mujer, mediante el trabajo entre diversos actores sociales, para fortalecer la red local y asegurar el principio de inmediatez que se debe garantizar a las personas en situación de violencia.

Se procurará producir conocimiento a través de los datos que proporcione la Oficina de Violencia de Género del STJ (OVG) y del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav), cuya información permitirá el diseño de políticas públicas.

El convenio prevé la organización de instancias de capacitación destinada a operadores que intervienen en situaciones de violencia, desde una perspectiva de Derechos Humanos y Género, y el desarrollo de acciones para el efectivo restablecimiento de derechos de las víctimas, como así también políticas concretas de protección, como la implementación de botón antipánico, pulseras, talleres de contención para personas involucradas en situación de violencia, entre otras.

Participaron del acto el Dr. Juan Ramón Smaldone, Vocal del STJ; el Juez de Paz de Oro Verde, Dr. Mariano Jurado; la Directora de la Oficina de Violencia de Género del STJ, Dra. Yanina Yzet; y el asesor legal del Municipio de Oro Verde, Dr. Adrián Leonetti.

La reforma al Código Penal y las fumigaciones

por José Massoni

La prestigiosa revista Enviromental Monitoring and Assessment, gerenciada por la Universidad de Maine, publicó una investigación realizada por científicos argentinos del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), en la que demuestran que hay altos niveles de plaguicidas en la cuenca del Paraná, desde Formosa hasta Buenos Aires, en 22 lugares del trayecto donde desembocan afluentes del gran río. Hallaron endosulfan (de uso prohibido), clorpirifos (prohibidos en Estados Unidos por alta toxicidad); y la concentración de glifosato aumenta a partir de la cuenca de Santa Fe (obviamente usado por los sojeros) aunque pesticidas hay en todos lados. Apuntan un dato escalofriante: en los últimos 20 años la concentración de plaguicidas aumentó un 900%.

Durante 2012/2014 trabajó una comisión convocada por la Presidente CFK con el objetivo de elaborar un proyecto de nuevo Código Penal y concluyó con un anteproyecto que se puede leer en el sitio de SAIJ (Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de justicia) –click aqui para descargar– y que muy probablemente sea el mejor cuerpo de normas punitivas del mundo occidental.

Si hubiera sido sancionado, las conductas que ocasionaron el desastre referido habrían provocado la apertura de decenas de causas penales por delitos con penas de tres a diez años de prisión y multas de hasta 360 días, que podrían llegar eventualmente a quince años de prisión y 720 días multa (cada día de multa puede llegar a igualar a un salario mínimo vital y móvil) que se destinaría a un fondo de asistencia a las víctimas y familias de los condenados (artículos 204 incisos 2 y 3; y 34, incisos 1,2 y 3).

No sólo los autores materiales directos serían penalmente responsables, sino también las personas jurídicas podrían ser sancionadas por esas contaminaciones (art. 204, inc. 6), según el artículo 60 desde multas, suspensión o cancelación de actividades, suspensión de uso de patentes y más (incisos desde la “a” a la “j” del citado artículo).

Parece que la Presidenta no advirtió la brecha y los integrantes de la comisión fueron el abogado y ex juez de cámara peronista León Arslanián, la abogada dirigente socialista María Elena Barbagelata, el luego mini Presidente de la Nación, dirigente del PRO, abogado Federico Pinedo, y el exitoso abogado penalista de Cambiemos Ricardo Gil Lavedra, presididos por el jurista Raúl Zaffaroni, ex Juez de la CSJN y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este magnífico proyecto estaba destinado a ser convertido rápidamente en ley, por su valía y construcción política plural, pero una brutal ofensiva de Clarín y su cuasi monopólico aparato mediático, usando y proyectando a un político oportunista que por entonces era el delfín elegido por la corporación para la sucesión presidencial, instalaron en la opinión pública, sin dar razón alguna porque no había ni una, que el proyectado era un código “garantista” favorecedor de delincuentes.

Lograron tumbar una obra excelente y frustraron un avance institucional inmenso, con consecuencias prácticas insuperables. Deberían hacerse cargo.

Fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre agrotóxicos

Por primera vez, la Corte Interamericana vinculó el cuidado del medio ambiente con los derechos humanos e instó a los estados a “actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica”.

Agua sin cianuro de minería, aire sin agrotóxicos, lagos sin hidrocarburos, ríos sin contaminación de pasteras: un ambiente sano, entendido como parte de los derechos humanos. Así lo exigen desde hace décadas asambleas socioambientales, campesinos e indígenas. En una medida inédita, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de expedirse en línea similar: afirmó que existe una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. El máximo tribunal destacó que los Estados deben respetar y garantizar estos derechos humanos y que tiene la obligación de evitar los daños transfronterizos.

Existe una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”.

La Corte IDH es el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene como objetivo aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que entró en vigencia en 1978) y los convenios sobre la temática. En febrero emitió una resolución inédita mediante su “opinión consultiva OC-23/17”, donde destacó la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. “Por primera vez la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente sano”, destacó el comunicado oficial.

Mejor es prevenir

La Corte determinó que los Estados deben “prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos”.

En un aspecto contemplado por la Ley General del Ambiente de Argentina (25.675), abordó el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras). La Corte Interamericana instó a los estados a “actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica”.

También llamó a garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente, exigió que se cumpla el derecho a la participación pública de las personas en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente.

Valeria Berros pertenece al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral y del Conicet. Se especializa en derecho ambiental. “La medida de la Corte es muy importante porque es la primera vez que se dedica a desarrollar el contenido del derecho a un ambiente sano que forma parte de la Convención Americana de DDHH”, explicó.

Berros, que también integra la ONG Capibara, destacó la importancia de las referencias respecto al acceso a la información, la participación pública en materia ambiental y la justicia ambiental. “Es central la referencia al principio de precaución, de prevención y de cooperación entre los estados para la tutela del ambiente. Esto último es muy importante por las actividades extractivas, cuando se trata de ecosistemas compartidos entre países”, afirmó.

Organizaciones sociales, ONG, pueblos indígenas y abogados especializados explican desde hace décadas que las luchas referidas al extractivismo no son sólo ambientales, sino también acciones por los derechos humanos. Aún así, es muy difícil que los organismos de derechos humanos de Argentina tomen el tema (a excepción de Serpaj) como tampoco lo abordan las ONG internacionales de DDHH (salvo acciones puntuales).

Darío Avila, abogado cordobés que acompaña las luchas de pueblos fumigados con agrotóxicos, hizo una lectura detallada de las 102 páginas del escrito de la Corte IDH y destacó “la asociación directa e ineludible entre derechos humanos y medio ambiente”. Ejemplificó que, en palabra de la Corte, “la degradación ambiental afecta otros derechos humanos”. Cuando se afecta el ambiente se ven “especialmente vulnerados el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a la cultura”.

El abogado cordobés destacó que el mismo tribunal aclaró que los alcances de la decisión judicial van más allá del caso específico (Colombia), “debe ser aplicado en todos aquellos conflictos ambientales con obligaciones estatales en materia ambiental y de derechos humanos fundamentales”. Avila explicó que, en el escrito de la Corte, se hace especial mención a que la afectación al medio ambiente genera conflictos violentos que vulneran el derecho a no ser desplazados e incluso ponen en jaque el derecho a la paz.

La “opinión consultiva” (nombre técnico de la resolución de la Corte) surgió por una solicitud del estado colombiano en marzo de 2016 en un caso referido a la región del Gran Caribe y los estados ribereños.

Obligación de los Estados

Otro punto que destacó la Corte es que los Estados tienen la obligación de evitar los daños transfronterizos. Las organizaciones socioambientales hace años que exigen tener presente ese punto: en Argentina podría aplicar en el caso de las pasteras con Uruguay, la minería en la Cordillera, las fumigaciones con agrotóxicos y la contaminación de ríos compartidos, o las represas junto a Brasil y Paraguay, entre otros.

La Corte Interamericana recordó que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional (como la Convención Americana), la obligación es para todos los órganos de Estado, incluidos los poderes Judicial y Legislativo.

Fuente: Noticia Uno

Publican los resultados del diagnóstico territorial de Oro Verde

Un proyecto de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Uader tomó como objeto de análisis para un diagnóstico sistémico territorial a Oro Verde. La iniciativa se desarrolló en 2016 y 2017, y estuvo dirigida por la Doctora Claudia Simesen. La docente hizo entrega de una publicación que resume los resultados de este trabajo conjunto entre Universidad y Municipio.

En una reunión en la sede municipal y con algunos de los actores que participaron del proyecto, la docente Claudia Simesen, junto al secretario de Extensión Universitaria y Derechos Humanos de la FHAyCS de la Uader, Daniel Teira, hicieron entrega de las conclusiones del trabajo al intendente José Luis Dumé. Se trata de una publicación que se podrá consultar en el Municipio y la Biblioteca Popular “Encuentros”, en este primer momento (se está gestionando su publicación masiva). También participaron del encuentro el responsable de Ambiente y Girsu, Javier Fernández y una de las integrantes del equipo de proyecto en el ámbito municipal, Marianela Komar.

La publicación que se podrá consultar en el Municipio y la Biblioteca Popular “Encuentros”

En palabras de la directora de la iniciativa, “se pretende ofrecer al Municipio una instrumento que sirva de base para poder accionar”. Destacó además que es una herramienta innovadora de diagnóstico que implica diferentes dimensiones del territorio para “saber cómo avanzar y hacia dónde”. Este diagnóstico sistémico territorial, servirá de herramienta también para las instituciones que intervienen en el ejido.

“Se hizo una recolección gruesa de datos que se complementó con entrevistas y a partir de ahí fue tratar de ver cómo hacíamos hablar a estos datos para ofrecerle al Municipio una herramienta para situarse desde ahí”, afirmó sobre el trabajo. Puso en valor también la posibilidad de todos los actores y sobre todo de los alumnos “de teorizar y poder vivir la teoría” a partir del proyecto.

Por su parte, el intendente Dumé señaló “para nosotros es una gran herramienta que nos permite pensar en diferentes aspectos de la gestión, ver una integralidad de cada dimensión para pensar cómo afrontar los desafíos que se nos presentan”.

El proyecto de extensión fue aprobado en una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias en 2015 y se denomina: “Oro Verde – Entre Ríos una construcción territorial de economía local-regional hacia el desarrollo de las condiciones de los factores”.

“Mienten para armar una puesta en escena”

Víctor Santa María, negó poseer una cuenta en Suiza y haber realizado maniobras de lavado.

Dijo que “el atacado” con las denuncias es Página/12, que “expresa posiciones diferentes a las posturas hegemónicas del gobierno nacional”.

El también diputado del Parlasur le pidió al Gobierno “que se dedique a gobernar”, que “no persiga” y que “se abstenga de hacer cadenas para atacarnos”.

“El mismo día, Clarín y La Nación, y ningún medio más, hicieron eje en mi persona. Cada tres meses, algunos grandes medios de comunicación, en general los mismos, se dedican a refritar versiones en función de objetivos que desconozco. Pueden ser objetivos políticos, apuntar a las organizaciones gremiales o buscar un efecto que cambie el mapa de los medios en la Argentina”, aseveró Santa María en una entrevista publicada hoy por Página/12, perteneciente al Grupo Octubre, que él encabeza.

Atacan a Página|12

“El atacado es Página/12 porque expresa posiciones editoriales diferentes a las posturas hegemónicas del gobierno nacional en materia de derechos humanos, garantías individuales, políticas económicas macro, derechos sociales, tarifas, inflación o endeudamiento”, aseveró el titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y diputado del Parlasur.

En este sentido, sostuvo que el matutino “refleja informativamente qué hace el Gobierno” y busca “abrir el debate al pensamiento crítico”, mientras que “grandes medios como Clarín y La Nación están satisfechos con el rumbo del Gobierno”, y entonces “lo alientan y buscan sacarle lo que para ellos pueden ser obstáculos en el camino”.

“En las campañas contra mí, contra el sindicato y contra Página/12 veo el peligro de que termine borrada la representación social de vastos sectores. De trabajadores, de lectores, o de ambas cosas al mismo tiempo. ¿Tanto les molesta que alguien piense distinto? ¿Tanto les molesta que alguien actúe distinto?”, se preguntó Santa María.

Al accionar de la UIF

De hecho, al insistir en vincular la información publicada el fin de semana que dio cuenta de un nuevo informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que lo involucraría en presuntas maniobras de lavado de dinero, el dirigente sindical y empresario periodístico dijo estar “impresionado” por “el grado de violencia empleado por un sector de los medios de comunicación ligados al Gobierno contra medios que tienen posiciones o líneas diferentes”.

“Me gustaría decirle al Gobierno que se dedique a gobernar.”

En este contexto, dijo vislumbrar “un funcionamiento en cadena” que “parecen apuntar a la destrucción de lo que no es hegemónico en el Estado, el poder económico y el sector mediático más grande”, y advirtió que eso se observa en lo que definió como “una simultaneidad que no surge de la agenda pública”, que -deslizó- podría tener el objetivo de “condicionar los tiempos y los pasos del Poder Judicial”.

Santa María afirmó: “Me gustaría decirle al Gobierno que se dedique a gobernar. Que se dedique a gobernar y deje actuar a cada uno en lo que le corresponde; a los sindicatos en defensa de los trabajadores; a los periodistas informando y a los diarios abriendo el debate e incorporando temas y enfoques a la agenda pública”.

En este punto, insistió con que “se abstengan de hacer cadenas para atacarnos”, y subrayó que “fueron elegidos para ejercer el Poder Ejecutivo”, con lo cual “que gobiernen y no persigan”.

Los ataques de Clarín y La Nación

En su edición de ayer, el diario Clarín consignó que “un nuevo informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) compromete aún más al líder del sindicato de los porteros Víctor Santa María, en el marco de la causa en la que se lo investiga por operaciones millonarias sospechosas en Suiza y lavado de dinero”, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

En tanto, una nota publicada por La Nación sostuvo que Santa María “habría movido fondos por 1,9 millones de dólares desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, una jubilada de 82 años, ingresara en el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno”.

 

Fuente: Info Gremiales

Señalan que la reciente ley de agrotóxicos “Es inconstitucional”

Distintas organizaciones aseguran que “viola los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano”, en referencia al proyecto aprobado por el Senado entrerriano que busca regular los agrotóxicos .

Distintas organizaciones se dirigieron a los diputados provinciales manifestando su “total rechazo” al proyecto de ley que regula el uso de agrotóxicos en Entre Ríos y repudiaron el accionar de los senadores entrerrianos que, a través de un simple tratamiento, votaron media sanción al mismo el día 26 de diciembre de 2017.

“En primer lugar, consideramos que el proyecto votado es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana. Permite realizar fumigaciones sin restricciones en cercanías a áreas pobladas dentro de un radio de 500 metros con productos de supuesta baja toxicidad, como el glifosato. Producto que fue declarado como posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que otras investigaciones científicas determinaron que es causante, además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes”, dijeron.

“Del mismo modo, degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”, añadieron.

“En segundo lugar, sostenemos que el tratamiento de dicho proyecto es ilegítimo en tanto que fue tratado sobre tablas, sin un análisis profundo del tema, y sin tener en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía en otras oportunidades -en especial, los vinculados con los movimientos ecologistas, las víctimas afectadas y sus familiares y los profesionales de la salud-. De esta manera, desconocen deliberadamente la antología de centenares de trabajos científicos que demuestran los efectos negativos en la salud y el ambiente del uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos”, expresaron.

 

Inconstitucionalidad

Asimismo, denunciaron “la inconstitucionalidad del contenido normativo del proyecto, violatorio de los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, establecido en los artículos 3, 7, 12, 17, 25, 26, 29 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, y en el artículo 22 de nuestra Carta Magna provincial, y en abierta contradicción al programa constitucional establecido en la reforma del año 2008 (artículos 22, 67 b, 68 última parte, 69, 75 última parte, 78, y artículos 83 a 86.) y a los principios del derecho ambiental determinados en la ley general del ambiente, 25.675”.

“Sumado a lo anterior, advertimos la consciente pretensión de negar espacios de participación en el Consejo Provincial Fitosanitario proyectado a la diversidad de actores sociales existentes en la ruralidad entrerriana, excluyendo principalmente a los pequeños productores, a los productores familiares y campesinos -históricamente postergados y expulsados de nuestros campos-. Consideramos, además, que la amplitud de funciones otorgadas a este Consejo significa una inexplicable delegación de poder del Estado al sector económico concretado, que lo integra en su mayoría”, criticaron.

Luego afirmaron que este proyecto de ley, “llamado eufemísticamente de ‘uso de Productos Fitosanitarios’, desconoce cínicamente la realidad sanitaria de la provincia y de los pueblos agrícolas en general, relevada, por ejemplo, en los campamentos sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en Larroque, Bovril, Basavilbaso y San Salvador, cuyos resultados demuestran el cambio de la incidencia en la población de las enfermedades asociadas a las exposiciones a los agro-tóxicos”.

El uso de agrotóxicos llegó a 420 millones de litros en el año 2016

“Tampoco repara en la situación de las escuelas y pueblos fumigados, sus denuncias ni en el reciente y primer fallo en nuestra tierra del Tribunal Oral de Concepción del Uruguay el caso de la escuela fumigada de Santa Anita. En la misma lógica, olvidan el comprobado y grave deterioro ambiental que el modelo del agronegocio ha causado en nuestra Provincia, a partir de la contaminación de los cursos de agua, la eliminación casi por completo de los bosques nativos, la degradación de los suelos y la contaminación del aire”, sostuvieron.

“En tercer lugar, denunciamos la utilización de clasificaciones toxicológicas basadas en la toxicidad aguda sólo del principio activo de los productos comerciales, que omiten considerar los riesgos de la exposición permanente a sub-dosis, y la presencia de un pool de moléculas que acompañan a esos principios activos en las formulaciones comerciales. Lo más grave es el hecho de que las clases toxicológicas de los productos utilizados se establecen con estudios que realizan las mismas empresas productoras de agro-tóxicos, como Bayer-Monsanto, Syngenta, entre otras, sin resistir el menor cuestionamiento por parte de los órganos decisores”, agregaron.

“En cuarto lugar, queremos poner en evidencia el hecho de que se sigan promocionando las ‘buenas prácticas agrícolas en el manejo de fitosanitarios’, planteando el problema del ‘mal uso’ de químicos -presentados como inocuos- cuando en realidad la discusión debería girar sobre el por qué de su uso y los efectos que provoca en la salud y el ambiente. Este debate debe darse teniendo en cuenta el incremento del uso de agrotóxicos en los últimos años, llegando a un total de 420 millones de litros para el año 2016”.

 

Alternativas de producción

Finalmente, advirtieron que “tampoco aparece en el ‘horizonte legislativo’ la intención de promocionar otras formas de producción, como la agroecología o la agricultura orgánica, y encarar, de algún modo, una transición hacia agroecosistemas sustentables y sanos”.

“Entendemos que otra agricultura es necesaria porque permite el desarrollo de los territorios, la apropiación de los actores sociales del agro, especialmente de los pequeños productores y campesinos; la promoción del trabajo digno, la construcción de economías locales vivas; la preservación del ambiente y la vida, así como la producción de alimentos sanos y saludables”, expresaron.

“Por todo esto, bregamos por la no conversión en ley de este perverso proyecto, solicitando seamos convocados a un amplio debate sobre el tema para lograr una norma que proteja y priorice la vida en todas sus formas, libre de venenos y del lucro opresor de unos pocos”, manifestaron distintas organizaciones sociales.

 

Fuente: APFDigital

Repudian dichos de la ministra Romero

En un comunicado enviado a este medio, la Multisectorial de Derechos Humanos repudia los “lamentables dichos” de Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia de nuestra provincia, quien -detalla el texto- “justificando el accionar represivo de las fuerzas de seguridad sobre quienes se manifestaban legítimamente el jueves frente al Congreso de la Nación en contra del saqueo que pretende imponer el gobierno nacional a los jubilados, pensionados y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo.”

En comunicado la Multisectorial avanza criticando el acuerdo del gobernador Bordet con el presidente Macri y finaliza convocando a una movilización para el día lunes 18 a las 9 horas.

“Las declaraciones de Romero enfatizan en una presunta situación de violencia dentro del Congreso de la Nación sin plantear con la vehemencia necesaria un repudio al accionar feroz de las fuerzas de seguridad, que dejó un saldo de cientos de heridos, entre ellos jubilados, periodistas y diputados, revelando una equiparación entre dos “violencias” o en todo caso omitiendo su profunda asimetría.

“De todos modos, entendemos que los dichos de la ministra responden a un mandato del gobernador Gustavo Bordet, quien ha suscripto un acuerdo espurio con el presidente de la Nación que, entre otras cosas, busca pagar la deuda externa contraída para financiar el modelo económico neoliberal, con el dinero de los trabajadores y jubilados, y para cuya aprobación parlamentaria se pretende la subordinación de los diputados y diputadas, representantes del pueblo entrerriano.

“En la jornada del jueves el gobierno nacional apeló, una vez más, a las fuerzas de seguridad para atropellar a quienes no estamos dispuestos a sufrir el ajuste. Pretender sacar una ley blindando el Congreso Nacional con más de 900 efectivos pertenecientes a cuatro fuerzas de seguridad, evidencia la decisión de vulnerar los derechos de nuestro pueblo.

“No hubo desbordes, ni excesos por parte de las fuerzas. Nunca los hay. Hubo una represión ininterrumpida durante seis horas, que tuvo como resultado numerosos heridos y detenidos respondiendo a una acción criminal estatal planificada.

“Reafirmamos nuevamente nuestra convicción de que a través de la participación y de la movilización popular podremos frenar el retroceso en los derechos humanos que estamos transitando.

“Exigimos a la ministra que rectifique sus declaraciones si es que, como dice, le interesa defender la democracia. Y al gobernador reclamamos respete el mandato popular y las necesidades de las familias entrerrianas por encima de los acuerdos dirigenciales con el gobierno neoliberal y represivo de Mauricio Macri.

“Por todo esto, convocamos este lunes 18 de diciembre a las 9hs. a concentrar en la Asociación de Trabajadores del Estado – Colón 59- para de ahí marchar hacia Casa de Gobierno.

“Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos”

Bloques peronistas entrerrianos condenaron la persecusión política

En sendos comunicados, los bloques de Senadores y Diputados provinciales del justicialismo denunciaron y condenaron la persecución política contra dirigentes opositores, en los textos señalan al presidente Macri como principal responsable de una “cacería” de dirigentes que es “ejecutada por jueces parciales y atizada por los medios hegemónicos”. A la vez que exigen “respeto por la democracia y por los derechos humanos”.

Texto completo del Bloque Justicialista de diputados provinciales

El bloque de Diputados del Partido Justicialista de Entre Ríos expresa su enorme preocupación por el irrespirable estado de persecución política que se vive en el país y que ha tocado un nuevo y amenazante pico con la última cacería por la cual han caído presos altos funcionarios del anterior gobierno como también dirigentes sociales.

Definitivamente Macri demuestra su sesgada concepción democrática. Quiere gobernar sin oposición. La persecución que judicializa la política argentina se sustancia en su totalidad con hombres y mujeres que expresan a un alto porcentaje de la sociedad argentina que no está de acuerdo con este gobierno. Y eso no es malo, es intrínseco al sistema democrático. Sin oposición no hay democracia.

Estas decisiones del más alto eslabón del poder político, ejecutadas por jueces parciales y atizadas por los medios hegemónicos pervierten el sistema penal toda vez que judicializan decisiones políticas tomadas dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones y de acuerdo a sus juicios de valor en un momento determinado de la historia.

Advertimos, sin perjuicio de reclamar el respeto a rajatabla del debido proceso y de la imparcialidad judicial para todos los acusados, del peligroso clima antidemocrático que crean estas determinaciones y la fuerte y legítima sospecha de que se trata de venganzas políticas disfrazadas de resoluciones judiciales, lo que trastoca absolutamente la noción del estado de derecho en el país.

Por ello repudiamos por arbitraria, por contaminada de política y por funcional a los intereses de un gobierno que a todas luces se muestra incapaz para encauzar la vida del país la resolución del juez Bonadío contra miembros del que fuera nuestro gobierno nacional y advertimos sobre lo que a todas luces aparece como la privación ilegítima de la libertad de ciudadanos argentinos y el vergonzoso acoso judicial contra una ex Presidenta de la Nación.

Comunicado de prensa del Bloque de Senadores Justicialistas de Entre Ríos

El Bloque de Senadores Justicialistas de Entre Ríos manifiesta públicamente su rechazo por la situación que está atravesando el país, no solo desde lo económico y social, sino especialmente en lo que hace al accionar judicial y político del gobierno nacional, que se ha dedicado a perseguir a funcionarios del anterior gobierno democrático, como así también, desde el inicio de la actual gestión, a dirigentes sociales.

Es de público conocimiento la persecución política a los dirigentes opositores y parecería que solo las instituciones funcionan contra ellos y no contra los funcionarios del actual gabinete nacional que han sido denunciados judicialmente en su mayoría.

Por tal motivo exigimos respeto por la democracia y por los derechos humanos.

Sostenemos que no es una buena práctica democrática prejuzgar, utilizar a la justicia para perseguir opositores, ni buscar la condena social o condenar con anticipación a que funcionen las instituciones. Pareciera que contra dirigentes opositores se ha invertido el principio del derecho penal de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por el de ser culpable hasta que pase el tiempo y se demuestre la inocencia, y buscando el escarnio y la condena social como principal objetivo.

Necesitamos que gobiernen basados en los principios democráticos donde el accionar de las instituciones y la convivencia democrática deben primar.

Por tales motivos instamos al Gobierno Nacional y al Poder Judicial de la Nación a que respeten las instituciones y no judicialicen la política, que gobiernen ajustados a la Constitución Nacional, a las normas jurídicas y a las buenas prácticas democráticas.

Por todo ello, solicitamos que no utilicen la justicia con fines políticos, que se respete el debido proceso y la investidura de la ex Presidenta de la Nación.

Fuente: El Regional.info